El Ejecutivo provincial publicó cinco resoluciones de cesantía contra agentes estatales, cuatro vinculadas a inasistencias injustificadas y una a una condena penal. Los casos involucran a personal no docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a trabajadores de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las sanciones se suman a otras medidas disciplinarias que la documentación administrativa pueda registrar, aunque el documento analizado no permite establecer la cantidad de suspensiones aplicadas.
Las cinco cesantías fueron formalizadas mediante resoluciones publicadas el 29 de octubre de 2026. Los expedientes describen ausencias prolongadas, incumplimientos del horario laboral y, en uno de los casos, una sentencia condenatoria por delitos cometidos en un contexto de violencia de género. Las decisiones se fundamentan en los respectivos regímenes disciplinarios y contemplan los procedimientos administrativos correspondientes.
Los cinco casos que derivaron en cesantías
Casi 900 inasistencias injustificadas en tres años
La Dirección General de Escuelas dispuso la cesantía de un agente tras acreditar 884 inasistencias injustificadas entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. El expediente determinó que las ausencias superaron ampliamente el límite previsto por la normativa provincial para aplicar esta sanción.
El procedimiento incluyó una investigación administrativa, la producción de pruebas y la intervención de la Junta de Disciplina para Personal No Docente. Los dictámenes concluyeron que se había incumplido el deber de prestar servicios y recomendaron la desvinculación.
Un celador acumuló 41 días de ausencias injustificadas
Otro agente de la DGE, que se desempeñaba como celador en un establecimiento educativo de la Ciudad de Mendoza, fue cesanteado por 41 días de inasistencias injustificadas dentro de un período de seis meses. El expediente detalla ausencias durante febrero y abril de 2021, además de antecedentes correspondientes a períodos anteriores.
La investigación administrativa concluyó que las faltas estaban acreditadas y que no se habían presentado elementos suficientes para desvirtuar las imputaciones. La Junta de Disciplina y el área jurídica avalaron la sanción, que quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Cesantía de un celador tras una condena penal
La DGE también resolvió la cesantía de un celador titular de un Centro de Capacitación para el Trabajo de Godoy Cruz. La medida se fundamentó en una condena penal por robo agravado y desobediencia a una orden judicial, en un caso cometido en un contexto de violencia de género.
Según la resolución, el hecho ocurrió en octubre de 2022. La administración consideró que la condena y las circunstancias del caso afectaban el decoro de la función pública y el prestigio del organismo. La Junta de Disciplina y el área jurídica recomendaron aplicar la sanción prevista en el régimen disciplinario.
Un agente de Niñez dejó de concurrir al trabajo en agosto de 2025
La Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dispuso la cesantía de un agente que se desempeñaba como oficial especializado. El expediente estableció que dejó de concurrir a sus tareas el 4 de agosto de 2025 y no regresó a la actividad.
Durante el sumario, el trabajador no se presentó a la audiencia de declaración indagatoria ni incorporó un descargo que justificara las ausencias. La instrucción consideró acreditado el abandono del servicio y la Junta de Disciplina coincidió con la recomendación de cesantía.
Más de un año de ausencias en el área de Niñez
Una segunda resolución del organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes dispuso la cesantía de un agente de planta permanente por ausencias injustificadas registradas desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 10 de febrero de 2025, según el artículo resolutivo.
El sumario administrativo concluyó que las faltas estaban acreditadas. El trabajador no compareció a la audiencia indagatoria y tampoco presentó alegatos dentro del plazo previsto. La Junta de Disciplina avaló la sanción y ordenó avanzar con la baja administrativa correspondiente.