El gobernador Alfredo Cornejo instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para que se presente como querellante en representación de la Provincia en la causa judicial que investiga las irregularidades detectadas en el programa de empleo Enlazados.
“Instrúyase al Señor Asesor de Gobierno para a hacerse parte querellante y actor civil en las actuaciones penales originadas, (Expte. 52223/2024, Fiscalía de Instrucción Nro. 39 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos), como así también a iniciar cualquier otra acción que estime procedente, en representación de la Provincia de Mendoza”, destaca el artículo 1 del decreto 967 del Ministerio de Producción, que lleva la firma de Cornejo y del titular de la cartera, Rodolfo Vargas Arizu.
En los considerandos de la norma publicada este lunes en el Boletín Oficial se resalta que “la gravedad de los hechos detectados motivó que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción presentara la correspondiente denuncia…, en trámite ante la Fiscalía de Instrucción N° 39 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Ministerio Público de la Provincia de Mendoza”.
El escándalo explotó cuando una auditoría del Ministerio de Producción reveló que una ex empleada administrativa había incorporado al programa, de manera irregular, a 31 personas. El fraude está calculado en 26 millones pesos.
Posteriormente se comprobó que al menos una decena de empresas había presentado certificados apócrifos para seguir percibiendo el beneficios. En algunos de esos casos, la Justicia ya determinó que no existió perjuicio al Estado.
El programa Enlazados funciona como puente entre los buscadores de empleo y empresas. En concreto, el Gobierno abona durante un tiempo establecido un monto mensual equivalente a 100% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador incorporado, para una jornada laboral de tiempo completo.
El fraude
De acuerdo con la denuncia del Ministerio de Producción, la ex técnica administrativa realizó en forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 beneficiarios, que fueron vinculados mediante sus cuentas bancarias (CBU) por acceder en forma irregular al subsidio. La sospechosa operaba bajo dos modalidades:
- Asignaba en forma indistinta y aleatoria, a estas personas a diversas empresas que participan del programa.
- Daba de alta una empresa apócrifa y vinculaba a las mismas personas para que accedan al subsidio del Programa Enlazados.
El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios. Así logró burlar los controles internos durante un tiempo. La irregularidad fue detectada a fines de abril, mediante controles internos periódicos que se realizan sobre las bases de información y procesos del programa Enlazados.
En el gobierno provincial intentan minimizar el escándalo y destacan que el tema salió a la luz gracias a las denuncias presentadas por la propia cartera que encabeza Vargas Arizu ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
“Lo que pasó con Enlazados fue resultado de una serie de auditorías internas que se realizan de forma permanente. Si bien se hacían anteriormente, le hemos dado más impulso en el último tiempo. Así detectamos algunas desviaciones y las hemos denunciado”, explicó el ministro la semana pasada.