La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió anular una condena contable de más de $1,2 millones contra dos exfuncionarios de la Municipalidad de Santa Rosa. Se trató de una acción procesal administrativa iniciada por María Valeria Cabañez, exdirectora de Hacienda, y Diego Franco Maures, exsecretario de Gobierno y Administración, en contra del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El caso se originó en el fallo 16.673 del organismo de control, dictado en 2016, que les había formulado un cargo solidario de $1.206.906,68. Esa suma correspondía a pagos por $875.000 realizados durante 2013 a la Asociación Lealtad para la organización de eventos, que el Tribunal consideró “no comprobados” por falta de respaldo documental válido.
Los demandantes plantearon que los gastos habían sido autorizados mediante decreto municipal y que los eventos se habían concretado. Alegaron además que en 2014 dejaron sus cargos y no tuvieron posibilidad de defenderse en el juicio de cuentas por deficiencias en las notificaciones y la falta de colaboración de los funcionarios que los sucedieron.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado sostuvieron que las erogaciones no contaban con los requisitos legales exigidos, que se habían efectuado pagos anticipados prohibidos por la normativa y que los responsables debían rendir cuentas sin excusas. El Procurador General también se pronunció en favor de rechazar la demanda.
Al resolver la causa, la Sala Segunda de la Suprema Corte falló por mayoría. Los ministros Mario Adaro y Omar Palermo entendieron que existieron vicios graves en el procedimiento, especialmente en las notificaciones, lo que colocó a los exfuncionarios en una situación de indefensión. En disidencia, José Valerio votó por confirmar la condena.
Finalmente, el tribunal hizo lugar a la demanda y anuló el artículo 5° del fallo 16.673, que imponía el cargo solidario. Además, impuso las costas al Tribunal de Cuentas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.