La disputa por la cantidad de empleados públicos que hay en el Estado provincial continúa entre la UCR y el Gobierno, en medio de la campaña electoral. Si bien a principios de marzo el gobernador Francisco Pérez volvió a congelar el ingreso de personal, desde la UCR denunciaron una supuesta maniobra del mandatario para violar la prohibición de contratación. En el Ejecutivo, sin embargo, niegan que haya un sobredimensionamiento del recurso humano y que el aumento apunta a cubrir puestos en Seguridad, Educación y Salud.

Se trata de una vieja crítica de los radicales que se actualizó la semana pasada cuando un grupo de legisladores pidió en el cuarto piso de Casa de Gobierno las cifras reales de la planta de personal en el Estado. En ese episodio, el Gobierno se negó a dar la información y hasta se convocó a un escribano para dar cuenta de lo sucedido. 

García Zalazar: “No hacer uso de las bajas”

Desde el radicalismo cornejista, el diputado Tadeo García Zalazar planteó que la planta del Estado está “sobredimensionada” por la cantidad de trabajadores que han ingresado. En su opinión, la solución consiste en instaurar una política administrativa que no incremente la cantidad de personal.

“El primer paso sería adoptar esa conducta y después investigar cuántas personas están prontas a jubilarse para buscar la forma de acelerar el trámite, por ejemplo, a través de la colaboración con el ANSES”, explicó Zalazar. Según informó el diputado, achicar los plazos es un logro porque hay jubilaciones que demoran un año en salir.

“Lo tercero es no hacer uso de las bajas que se van produciendo, más allá de la jubilación; puede ser que produzcan renuncias, traslados, denuncias o fallecimientos”, agregó el funcionario, y mencionó que esos  puestos deberían cubrirse reasignando personal e incorporando tecnología.

Tobares exige acelerar el trámite jubilatorio

Desde el oficialismo, el secretario legal y técnico de la Gobernación Gustavo Tobares negó que se tratara de un sobredimensionamiento, sino que el aumento se ha debido a la necesidad de cubrir puestos. “Esto es producto del proceso de crecimiento que ha tenido la Provincia en diferentes áreas”, afirmó el funcionario.

Tobares destacó los casos de Salud, Seguridad y Educación como ejemplo del incremento que han tenido los servicios. “En cuanto a la DGE, en dos años se cubrió el total de maestros necesarios para las salas de cuatro años”, detalló el diputado, y agregó: “En Salud, se inauguraron nuevos hospitales y en Seguridad se incrementó el números de policías y de personal en el servicio penitenciario”.

Respecto a las medidas para evitar que se produzca la falta de fondos para sostener al total de empleados, Tobares también mencionó la exigencia para que el trámite de jubilación se acelere, y además, destacó el congelamiento que lanzó Francisco Pérez.

“Hay un criterio de restricción que se implementó desde el primer día para equilibrar el nivel de personal con los ingresos que tiene el Estado”, aseguró Tobares.

Los decretos

La semana pasada, algunos diputados radicales denunciaron ante la fiscalía que desde el Gobierno no les permitieron acceder a los decretos firmados por el gobernador, que son de acceso público. Por su parte, el bloque del PJ-FPV repudió “la anticonstitucionalidad”  con la que se intentó acceder a los documentos.

Según relató Zalazar, desde la UCR observaron que los decretos publicados en el Boletín Oficial no llevaban un orden correlativo. Al notarlo, concluyeron que se trataba de un error o de un acto voluntario.

Ante la sospecha de que los decretos mencionaban distintas incorporaciones a la planta estatal, se dirigieron a la Casa de Gobierno donde no se les permitió acceder a los documentos, ya que según informó Tobares es necesario que el ministro de Legal y Técnica García Ibañez firme una nota para solicitar la revisión. Por lo tanto, los diputados radicales presentaron una denuncia ante la fiscalía para que intervenga en el caso.