Después de unos días de descanso en la costa argentina, el lunes el gobernador Rodolfo Suarez retomará su agenda al frente de la Provincia y deberá desactivar algunos conflictos de gestión y políticos que se han desatado durante su ausencia.
A nivel político, en las últimas semanas se desató una fuerte pelea con el diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, que está en carrera por la gobernación. El lujanino no se ahorra en críticas contra la gestión, entre ellas disparó contra el Gobierno provincial por el decreto para refinanciar la deuda sin pasar por la Legislatura y cuestionó la política de viviendas.
El enojo cada vez es más grande en el seno del oficialismo, que no deja de sentirse incómodo con la actitud del aliado del espacio. Incluso la semana que pasó el mandatario, durante una reunión por Zoom de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, le pasó factura a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta por el comportamiento que viene teniendo De Marchi.
Por ahora no se sabe si el gobernador lo convocará al diálogo para pedirle que tome una decisión respecto de su continuidad en el frente o si recién se concretará un encuentro de todo Cambia Mendoza el 27 de enero convocado para definir algunos temas electorales.
También a su regreso, el mandatario con sus colaboradores deberán sentarse a analizar cómo encararán la campaña en los municipios peronistas que tienen planeado desdoblar.
Enero, además, es el mes en que finalmente la Provincia deberá cerrar la compleja negociación con Edemsa, que está reclamando 140 mil millones de pesos por ingresos no percibidos por varios periodos de concesión. Una de las opciones para acordar es prorrogar por 20 años la concesión que vence en el 2028.
En el medio de todo se mete la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tema que también generó polémica con el PRO, que insiste en su eliminación o al menos en una prórroga por dos años. Este mes podría haber alguna definición del Ejecutivo al respecto.
Roll over
Sin dudas, que además del tema De Marchi, otro de los dolores de cabeza que Suarez deberá sortear es por la refinanciación de la deuda. A fines de diciembre el mandatario firmó un decreto para realizar la operatoria sin tener que pasar por la Legislatura.
Esta situación hizo estallar a la oposición y, tanto el Frente de Todos como el Partido Verde, denunciaron la inconstitucionalidad del decreto N° 2.502 ante la Justicia. Esto se convirtió en un problema para el Ejecutivo que intenta refinanciar la deuda que vence en marzo de este año.
Pero a eso, se suma que esta semana el fiscal de Estado, Fernando Simón, presentará otra acción de inconstitucionalidad por el decreto de Suarez. Anteriormente, había dictaminado en contra.
A través del decreto en cuestión se autorizó la “emisión de Títulos Públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses”.
Para realizar esa maniobra, el Ejecutivo se amparó en el artículo 64 y 68 de la Ley de Administración Financiera (8.706) para evitar tener que conseguir los dos tercios de los votos en la casa de las leyes.