Antes que termine diciembre, un gremio del Poder Judicial ya lleva 14 días de paro por reclamos salariales. Y dado que los pedidos han sido desestimados por el propio gobernador Rodolfo Suarez, el conflicto ha recrudecido, al punto tal que hay expedientes que no avanzan en tribunales, mientras que en el Cuerpo Médico Forense las pericias han dejado de realizarse.
La Asociación de Funcionarios Judiciales es el único sindicato que no logró acordar con la Provincia. El descontento se basa en que, a diferencia del resto de los gremios como ATE, Ampros y SUTE, los paritarios oficiales no presentaron en la última oferta salarial una mejora en el ítem sectorial y sólo ofrecieron en esa instancia el 9% de actualización en los haberes.
Aunque reúne a unos 800 empleados, aproximadamente, los funcionarios judiciales representan a un diverso grupo de empleados del Poder Judicial entre la clase 1 y la 7, un espectro que reúne a secretarios de juzgados y ayudantes fiscales, pero también a contadores, abogados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y contadores, entre otros. En algunas instancias, son los empleados jerárquicos que mueven los expedientes en los juzgados.
El grado de acatamiento está por encima del 60%, mientras que en algunas circunscripciones llegó casi al 80%. En la entidad reconocieron hay tribunales donde los magistrados no están proveyendo el servicio de justicia, los expedientes no avanzan y sólo se dictan algunas trámites.
“Está sumamente resentida la actividad, ha sido prácticamente nula”, graficó un profesional del derecho que litiga en Tribunales y pidió reserva. “Si bien no se han adherido todos los funcionarios, están muy parados los procesos”, agregaron.
Para dar cuenta de las demoras, en el fuero de Familia las respuestas a las presentaciones de los profesionales llevan demoras de meses, cuando debería ser de dos días hábiles. En el Civil, los decretos se publican con una semana de tardanza. Por su parte, en las cámaras laborales la actividad no se ha resentido, según definieron los abogados que transitan por estos juzgados.
Por otro lado, el Cuerpo Médico Forense funciona apenas con una guardia mínima. Es el ámbito que se encaga, por ejemplo, de realizar las pericias a las víctimas de violencia de género. Tampoco se realizan otro tipo de estudios.
La huelga tuvo dos días en los primeros días de diciembre, luego se sumó un semana y ahora van por la tercera, que concluirá el jueves. Luego sobrevendrá la feria judicial de enero, pero desde la entidad que dirige Marcelo Fekonja ya adelantaron que por la reticencia del Gobierno a ofrecer una mejora el primero de febrero el conflicto se reanudará con asambleas. Este lunes, de hecho, la manifestación se trasladó al cuarto piso del Poder Judicial.
El reclamo apunta a que no hubo ninguna mejora en el código 1180, propio del sector. Desde el Ejecutivo aseguraron que en 2018 se les hizo una actualización en otro ítem, aunque desde el gremio indicaron que fue para todo el Poder Judicial -en ese casó, llevó al 13% el adicional para los empleados judiciales y dejó en 10% a los funcionarios judiciales- Recién en 2022, el Gobierno recién regularizó este ítem -el 3422-, por lo que descartó ofrecer algo superador.
A pesar de la paralización de las tareas, ni la Suprema Corte ni las otras dos áreas del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, se han involucrado en la pulseada. Los abogados plantearon sus quejas al colegio, que recién presentó sus quejas por estos días, luego de tres semanas de paro.
Por otro lado, tampoco la Subsecretaría de Trabajo ha dictado una conciliación para acercar a las partes.
Suarez fue enfático, en una entrevista concedida a El Sol, que “se van a quedar sin el aumento, no se los voy a dar por decreto”.
También recalcó que en el sector “tienen muy buenos sueldos y en enero no trabajan. Están con una pulseada absurda. Entre ellos están los equiparados a magistrados, algunos cobran el doble que el gobernador”.
Para Fekonja, Suarez está equivocado, ya que el polémico grupo de los funcionarios equiparados a magistrados no se encuentran representados por el gremio. Este último sector cobrará el 20% de aumento salarial que dictamina la Corte Suprema de Justicia, porque están enganchados al sueldo de los magistrados que, a su vez, perciben los beneficios de estos incrementos otorgados por el máximo tribunal de la Nación.
La acordada de la Corte Suprema, por otro lado, profundiza la brecha salarial entre estos estamentos del Poder Judicial con los que menos cobran. Desde los Funcionarios Judiciales, aseguran que están 4 a 1 con lo que percibe un juez, una diferencia del 25% del salario.