La defensa de Walter Bento solicitó a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, integrantes del Tribunal Federal N° 1 de Mendoza, que establezcan fecha y hora para una nueva declaración del ex juez federal, la primera desde su destitución.
Ese fue el dato sobresaliente de la nueva jornada del megajuicio contra Bento, procesado como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a presos federales a cambio de beneficios judiciales.
La solicitud del representante legal del ex magistrado, actualmente preso en la cárcel federal de Cacheuta, ocurrió sobre el cierre de la audiencia, que tuvo dos testimonios “pesados”: el del abogado Antonio Carrizo y el del juez federal Marcelo Garnica, quien contestó por escrito las preguntas de los representantes del Ministerio Público y de los abogados de algunos de los 30 imputados que tiene la causa.
“El doctor Bento va a ampliar su declaración indagatoria. Vamos a pedir si se puede fijar fecha para la semana que viene”, notificó el abogado del ex juez. “Va a declarar y contestar preguntas sobre el caso particular de Javier Santos Ortega”, agregó. El juicio se reanudará el próximo miércoles 13 de diciembre.
El caso Santos Ortega
Se trata del denominado “Caso número 3” de la megainvestigación, donde se puso el foco en la situación legal de Santos Ortega y Juan Carlos Molina, imputados por el contrabando agravado de mercaderías por un monto superior a los 200 millones de pesos.
Santos Ortega, que fue detenido e imputado en el marco del Bentogate, no soportó la presión y se quebró. Así las cosas, pidió declarar y confesó el pago de coimas a la asociación ilícita presuntamente liderada por el removido juez federal. Además, ofreció su teléfono como prueba, advirtiendo que en ese aparato había evidencia suficiente para corroborar sus dichos.
El contrabandista aseguró que, mientras estaba detenido, fue contactado por el ex despachante de aduana Diego Aliaga -asesinado a mediados de 2020 y señalado como una pieza clave en la banda que presuntamente lideraba Bento-, quien le ofreció una lista de abogados para contratar. Entre ellos se encontraban Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego, todos procesados: el primero como organizador y los dos restantes como miembros de la banda.
A partir de eso, realizó el pago correspondiente para que tanto él como Molina obtuvieran beneficios en la causa por contrabando. Y efectivamente, lograron la prisión domiciliaria. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, en esa causa “intervino activamente una parte importante de la banda liderada por el propio juez (Bento), que desplegó diversos actos que tuvieron como fin último lograr la libertad espuria de ambos sobornadores”.
Santos Ortega explicó que vendió uno de los departamentos que poseía en la Quinta Sección de Ciudad para poder afrontar el cohecho. El comprador fue Diego Eduardo González Howard Arroyo, esposo de María Carolina Bartolini, funcionaria judicial en el Juzgado Federal N°1 que comandaba Bento.
Bartolini -actualmente de licencia sin goce de haberes- le tomó declaración indagatoria a Molina el 24 de mayo de 2019 y menos de tres meses más tarde, el 17 de agosto de ese año, su esposo le compró a Santos Ortega un departamento con cochera ubicado en calle Nicolás Avellaneda, en Ciudad, por un monto de 180.000 dólares.
“Ortega y Molina se encontraban para ese entonces imputados… y la adquisición del inmueble se habría producido mientras la causa es encontraba en pleno trámite” en la Secretaría Penal C, donde intervenía Bartolini, destaca la denuncia del Ministerio Público Fiscal.
“Yo se lo vendí al esposo de esta chica, la chica esa que trabaja en el Juzgado que ahora tenía un bebé, en 180.000 dólares”, declaró Santos Ortega. Esa “chica” sería Bartolini. Con esas pruebas, los fiscales solicitaron que se investigue penalmente a la empleada judicial y a su esposo.
La declaración del juez federal
Garnica, titular del Juzgado Federal N°3, estuvo a cargo durante casi diez años (entre noviembre de 2005 y junio de 2015) de una Secretaría Penal que funcionaba bajo la órbita de Bento. Luego, ya como juez federal, subrogó en varias oportunidades al Juzgado Federal N°1.
El magistrado contestó preguntas por escrito. Una de ellas, de la fiscalía, apuntó a la supuesta relación de Bartolini con la familia Bento.
“¿Tiene conocimiento si María Carolina Bartolini o algún miembro de su familia tenga relación personal de amistad o de cualquier otra índole con el juez Bento y/o con algún miembro de su familia?”, fue la consulta. “Creo que Bartolini con la esposa de Bento, Marta Boiza, con quien trabajaba junta en la Secretaría C”, respondió.
También explicó su participación en la causa por la que Santos Ortega y Molina, a quiénes Bento había procesado por “encubrimiento de contrabando”, en calidad de autor el primero y de partícipe necesario el segundo.
Cuando el expediente llegó a sus manos se incorporó un informe que alcanzó para ampliar el procesamiento. “Ya no estábamos frente a un encubrimiento sino a un contrabando”, expresó Garnica.
“Desde el punto de vista fáctico se encontraba comprobado que Javier Ortega y al menos tres sujetos más, en ese momento no individualizados, habrían intervenido activamente en el ingreso ilegítimo al país de mercadería hallada y secuestrada en un depósito ubicado en Maipú”, amplió el juez federal. Posteriormente, nuevas pruebas le permitieron endurecer el procesamiento a contrabando agravado y asociación ilícita.
Su relación con Bento
“Es absolutamente irrelevante”, respondió al ser indagado por su opinión sobre la actividad profesional Bento. Además, dijo que no le consta que exista una relación de enemistad entre el ex magistrado y el fiscal Dante Vega.
“¿En alguna oportunidad, el juez Bento le impuso el dictado de decisiones o resoluciones en los procesos en los que le tocó intervenir”, fue otro cuestionamiento. “Si tomamos en consideración el significado de la palabra imponer, que es exigir a alguien cumplir o aceptar una cosa, debo responder negativamente. Ahora bien, si la pregunta no apunta al sentido literal de la expresión, no sólo debo responder afirmativamente sino que debo agregar que siempre Bento impuso el dictado de decisiones o resoluciones, toda vez que él era el juez. Y tratándose el Juzgado N°1 de un órgano unipersonal, va de suyo que siempre las decisiones o resoluciones eran producto de sus directivas”, respondió.
Además, reconoció que conocía a Aliaga “sólo de vista y de alguna breve conversación casual” y negó “en absoluto” estar al tanto de que el ex despachante de aduanas tuviera trato preferente en el juzgado de Bento.