Un grupo de jueces del fuero Penal especializados en menores participó este lunes de una nueva reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado provincial, donde se está tratando el proyecto que busca establecer el Régimen Especial Penal Juvenil en Mendoza, enviado por el Ejecutivo.
La iniciativa tiene como objetivo adaptar la legislación local al nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional que entró en vigencia este sábado y bajó la edad de inimputabilidad a los 14 años. El texto incluye la aprobación de un nuevo código procesal específico con modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia y otras leyes.
Durante la jornada, los jueces del fuero Penal coincidieron en la importancia de adecuar las normas provinciales al marco legal nacional, y valoraron la posibilidad de poder aportar su experiencia de gestión, aunque plantearon una serie de objeciones, principalmente técnicas, vinculadas a mejorar el cumplimiento en la práctica de la norma.
María del Carmen Camiletti, jueza del Tribunal Penal de Menores, expresó: “Es un momento trascendente, es un momento importante para todos los mendocinos, para los chicos y chicas de todo Mendoza, sean víctimas o victimarios. Traigo algunas cuestiones que no nos han quedado del todo claras o que pensamos que podrían quedar más claras en el eje de este proyecto de ley. Como jueza que utiliza la herramienta todos los días, encuentro ciertas dificultades que se pueden presentar, especialmente en cuestiones de competencia de los jueces y en la aplicación del procedimiento de flagrancia“.
En la misma línea, Fernando Scotta, juez Penal de Menores en San Rafael, valoró la inclusión de las distintas circunscripciones judiciales y remarcó la necesidad de definir plazos precisos dentro del texto normativo. “En el análisis me he centrado en la práctica para expresar a los legisladores lo que para mí es una gran oportunidad para discutir un código procesal juvenil que cuente con previsiones claras. Resalto la pauta del plazo razonable reforzado, pero observo que el proyecto no menciona específicamente el plazo de la imputación. Considero que, al contar con un código especializado, establecer taxativamente ese plazo sería de gran beneficio”, expuso.
Natalia Navarro Bravo, también jueza Penal de Menores, remarcó la posición de la provincia respecto a la operatividad de los tribunales y la influencia que tendrá la ley para el trabajo de primera instancia. “La mayor parte del trabajo en materia penal juvenil se realiza allí. Mendoza es una de las provincias más preparadas para aplicar la ley nacional porque cuenta con recursos e infraestructura, aunque será clave reforzarlos de cara al futuro“, señaló.
“Festejo que haya un proyecto en tratamiento, ya que una ley provincial específica evita que todo quede a la exclusividad o criterio del juzgado o fiscal de turno, lo cual aporta seguridad jurídica tanto para los adolescentes como para la sociedad“, agregó.
Finalmente, la jueza Penal de Menores Daniela Torres hizo hincapié en las vías procesales que priorizan la resolución de conflictos antes de llegar a la instancia de juicio. “Debemos analizar qué procesos y recursos tiene la provincia para dar la mejor respuesta posible. La ley, en sus mandatos provinciales y nacionales, establece principios orientados a la mediación, la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, ampliando sustancialmente el esquema de soluciones alternativas antes del juzgamiento. Es fundamental ponderar adecuadamente estos institutos y definir con claridad el alcance de la norma frente a la gravedad de los distintos tipos penales“, señaló.
La norma justamente incluye la posibilidad de que se establezca una conciliación, siempre que el hecho investigado no haya causado la muerte de la víctima o se trate de un delito grave.
Durante el encuentro también estuvo presente el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, quien aportó precisiones sobre el contexto normativo nacional y el trabajo técnico de supervisión para abordar la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal.