La Cámara de Diputados avanzará este miércoles con el tratamiento de la exclusión de Janina Ortiz. La comisión de Derechos y Garantías aprobó este lunes por unanimidad un dictamen que propone apartarla definitivamente del cuerpo legislativo, luego de la condena penal que recibió en la causa de la Cooperativa Fantasma.
La resolución, que será incorporada al temario de la sesión de tablas, plantea que Ortiz perdió las condiciones de idoneidad y elegibilidad necesarias para ejercer el cargo. El argumento se apoya en los artículos 91 y 65 de la Constitución provincial y en la sentencia dictada por la Justicia mendocina.
La exlegisladora fue condenada en un juicio abreviado a tres años de prisión de ejecución condicional y recibió una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo la encontró penalmente responsable de cuatro hechos de peculado, en concurso real, uso de documento público falso y coacciones.
El dictamen aprobado, además, dispone declarar vacante su banca y notificar a la Junta Electoral para que determine quién debe ocuparla de acuerdo con el orden de la lista por la que Ortiz llegó a la Legislatura. Una vez cumplido ese procedimiento, María Belén Castillo deberá ser incorporada y prestar juramento.
El reclamo por las dietas
La comisión también rechazó el planteo de Ortiz por el cobro de las dietas que dejó de percibir durante el período en que estuvo suspendida como diputada. En ese punto, los integrantes del cuerpo ratificaron la resolución 1135/24, mediante la cual la Cámara había dispuesto la suspensión y el cese del pago.
La legisladora había sido convocada formalmente para ejercer su derecho a defensa ante la comisión. Sin embargo, respondió a través de su abogado que no comparecería ni de manera presencial ni oral. En esa presentación aclaró que su decisión no implicaba renunciar a sus planteos judiciales y ratificó su reclamo por los salarios y dietas que considera indebidamente retenidos.
Ortiz sostiene que la suspensión fue inconstitucional porque se produjo antes de que existiera una sentencia firme. También reclama las acreencias que, según su interpretación, se acumularon desde que fue apartada de sus funciones hasta el cierre definitivo del proceso penal, el pasado 20 de octubre.
El presidente de la comisión, Julio Villafañe (PJ), consideró improcedente ese planteo y sostuvo que la suspensión se resolvió dentro de las atribuciones institucionales de la Cámara. De todos modos, aclaró que la discusión por el dinero reclamado deberá continuar en la Justicia.
“La verdad que, en lo personal, simplemente es una opinión, porque no vamos a tener injerencia en ese tema, pero yo lo he venido repitiendo, cualquier ciudadano o ciudadana de este país y de la provincia de Mendoza, que tiene una relación laboral, un trabajo, y es suspendido en sus funciones, no cobra un salario”, dijo Villafañe.
Con el dictamen aprobado por unanimidad, el expediente llegará ahora al recinto. Este miércoles, Diputados deberá tratar la propuesta de exclusión y resolver el futuro de la banca que ocupa Ortiz.