El pedido de juicio abreviado de Janina Ortiz abrió un nuevo escenario en la Cámara de Diputados de Mendoza: si la legisladora suspendida es condenada y la sentencia contempla una inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la Legislatura entienden que deberá dejar su banca.
Esta situación abriría el camino para el ingreso de quien es la sucesora en la lista electoral: María Belén Castillo, que ya había reclamado por esa banca anteriormente.
La causa y una negociación en la Justicia
Ortiz, ex secretaria de Gobierno de Las Heras y posteriormente electa como diputada, junto al exintendente de esa comuna, Daniel Orozco, solicitó este martes un juicio abreviado en la causa conocida como “Cooperativa Fantasma”. Ambos fueron imputados por peculado doloso, acusados de desviar fondos públicos por 35 millones de pesos desde la Municipalidad de Las Heras a la entidad Manos a la obra.
La defensa busca acordar con el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, una condena que contemple evitar la prisión efectiva. La negociación recién se abrió y podría demorar un plazo corto, según estiman los abogados. En caso de alcanzarse un acuerdo, deberá ser homologado por la Justicia.
Esta eventual condena puede o no incluir una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Qué sucede con su banca
La situación de la banca tiene una particularidad: Ortiz no fue expulsada de la Cámara de Diputados, sino que fue suspendida en marzo de 2024 mientras avanzaba la investigación. Continuidad sujeta lógicamente a una eventual condena. Se trata de una suspensión que dejó la banca en suspenso, pero no vacante. Un detalle importante teniendo en cuenta que Castillo reclamó ocupar ese escaño mediante la vía judicial, pero le fue denegado el pedido y luego no ratificó la denuncia.
La suspensión fue adoptada por el cuerpo legislativo con una mayoría superior a los dos tercios y bajo el artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que permite a cada Cámara corregir, suspender o excluir a uno de sus integrantes. El bloque de La Unión Mendocina fue el único que votó en contra, aunque en ese momento era integrado también por el PRO y ahora está fragmentado.
Por esa razón, desde la presidencia de Diputados consideran que una eventual condena podría modificar el escenario. Andrés Lombardi explicó a El Sol que, si la sentencia determina una inhabilitación para ejercer cargos públicos, Ortiz debería presentar su renuncia para cumplir con la resolución judicial.
Sin embargo, en caso de que no lo haga, explicó que la Cámara debería tomar conocimiento de la resolución judicial, incorporarla al expediente y resolver cómo proceder. Eventualmente, se iniciaría una votación para excluirla como sucedió con la suspensión. Los números para que eso suceda están dados, porque no solo tiene el respaldo del radicalismo sino que también ahora del PRO, teniendo en cuenta que la próxima en la línea sucesoria es afín a ese partido.
De hecho, desde La Unión Mendocina -partido por el cual fue electa Ortiz- reconocieron a El Sol que el espacio acompañaría una eventual exclusión.
Finalmente, Lombardi valoró el pedido de juicio abreviado como una forma de cerrar un expediente que lleva varios años de trámite. “Es un buen mensaje para los abogados que dilatan los procesos y no llegan a nada. Que ellos hayan solicitado el juicio abreviado reconociendo la culpabilidad es un buen mensaje para la Justicia“, sostuvo.
Agregó que el eventual cambio no modificaría demasiado el funcionamiento cotidiano de la Cámara, ya que durante estos años se mantuvieron reservados lugares en las comisiones para una posible reincorporación.
El lugar que reclamó María Belén Castillo
Mientras se espera cómo avance la negociación judicial, María Belén Castillo (PRO) es quien aparece como siguiente en la línea de reemplazo de Ortiz dentro de la lista con la que La Unión Mendocina compitió en las elecciones de 2023. La particularidad es que el primer dirigente que seguía en la nómina era José Caviglia, dirigente libertario que falleció en 2025, por lo que Castillo quedó como siguiente candidata.
En mayo pasado, Castillo denunció a Lombardi por “abuso de autoridad” por negarle asumir esa banca, pero el presidente de la Cámara planteó que la suspensión de Ortiz no fue considerada una vacancia definitiva. Ahora, ante la posibilidad de que la situación de Ortiz se resuelva judicialmente, Castillo volvió a quedar en el centro del escenario.
“Me enteré por los medios, me toma por sorpresa”, expresó la dirigente del PRO, quien contemplaba la inminencia de la elevación a juicio pero no así la solicitud del juicio abreviado. Sin embargo, aclaró que prefiere esperar a que la Justicia resuelva la situación. “Personalmente nunca opiné de la causa de Ortiz”, señaló.
De producirse una condena que propice la expulsión de Ortiz, Castillo consideró que ocupar la banca sería “el paso que sigue y que corresponde” y que está dispuesta a hacerlo. “Por supuesto que yo quiero ser diputada”, afirmó. Sin embargo, aclaró que todavía no fue notificada por la Cámara y que no mantuvo conversaciones con los integrantes del bloque del PRO.
De esta manera, el eventual acuerdo judicial de Ortiz no sólo podría cerrar una de las causas que enfrenta la legisladora, sino que también podría destrabar una situación que mantiene desde hace más de dos años a la Cámara de Diputados funcionando con una banca menos. La definición, en última instancia, dependerá primero de la Justicia y luego de las decisiones que adopte el propio cuerpo legislativo.