Analítico y pedagógico para bajar a la realidad cotidiana contextos jurídicos complejos. Así se mostró José Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, durante su exposición ante la Bicameral de Seguridad en la Legislatura. Y contradijo los datos que aportó Alejandro Gullé sobre la cantidad de audiencias que trabajan los fiscales mendocinos en su agenda diaria, que el Procurador había dado en ese mismo escenario días antes.
El juez coordinador a cargo del Fuero Penal brindó ante los legisladores un detallado relevamiento estadístico de la Justicia. Pero hizo hincapié en la alta tasa de suspensión de audiencias que se registran y, a contramano de lo expuesto ante el mismo cuerpo por Gullé, remarcó que “estadísticamente no es cierto que un fiscal lleve adelante entre 8 o 9 audiencias por día”.
“No es correcta la información. Yo recibo la cantidad de audiencias diarias y quiénes son los responsables de las mismas -juez, fiscal, etc.-. Esto mismo se puede ver en la pantalla que existe en el Polo Judicial. Los datos son relevantes en ese sentido”, sostuvo.
En esa línea, aclaró que de las 200 audiencias fijadas por día, existen 100 operadores del Ministerio Público Fiscal (MPF) que pueden llevarlas adelante, pero se realizan entre 100 y 115 diariamente. “El promedio es entre 1.10 y 1.15 audiencias por cada miembro del MPF que pueden hacerlas”, añadió.
“¿Podrán haber fiscales que tengan más que el promedio? Sí, los de Ejecución, por ejemplo. Son audiencias que duran entre 5 y 10 minutos por salidas transitorias, anticipos, audiencias menores. Si nosotros dividimos la cantidad de audiencias que se hacen por la cantidad de miembros del MPF, jamás puede dar como resultado el número del que se habla. Esto no es ni malo, ni bueno. Es un dato de la realidad”, graficó.
A la hora de responder a estos cuestionamientos, Valerio hizo fuerte hincapié en el alto porcentaje de suspensiones diarias que existen y recordó que “son las partes intervinientes quienes solicitan las audiencias”. Según datos provistos por el ministro, el 97% de los pedidos se corresponden con requerimientos del MPF.
Narcomenudeo: “Debates estériles”
Al solicitarle una opinión sobre el avance del narcotráfico, el magistrado no ocultó su preocupación al respecto, pero solicitó dejar de lado aquellos debates que no conducen a ningún resultado en concreto.
“Tanto con el narcotráfico como con la baja de la edad de imputabilidad, en donde el verdadero problema no radica únicamente en bajar o no la edad, sino en tomar medidas efectivas para abordar los delitos cometidos por menores de 16 años, llevamos más de 20 años de debate sin resoluciones firmes”, manifestó.
Respecto al narcotráfico, advirtió que el debate sobre si el narcomenudeo debe ser competencia provincial “sigue sin definir acciones claras”. En ese sentido, más allá de dónde recaiga la competencia, Valerio sostuvo que es indispensable “que se transfieran los recursos necesarios y se establezcan estructuras adecuadas para su implementación”. También señaló que creer que la sola incorporación de delitos en el Código Penal resuelve el problema “es un error”, ya que esto genera nuevos desafíos que requieren políticas activas.
“El narcotráfico es un problema que afecta a toda la sociedad y no solo a una jurisdicción específica, es por ello que los debates deben ser instrumentos para definir un rumbo común, no meras confrontaciones ideológicas”, criticó y apuntó a que “la falta de decisiones concretas” impide avanzar en “soluciones efectivas”.
Sinceramiento
Durante la pandemia, aunque no se suspendieron las actividades en el Fuero Penal Colegiado ni en el Ministerio Público, las investigaciones y audiencias de causas sin detenidos quedaron paralizadas debido a la falta de capacidad operativa.
Al finalizar la emergencia sanitaria, se generó un efecto arrastre y acumulativo que provocó mayores demoras en la programación de audiencias, afectando de manera desigual a las distintas unidades fiscales.
Para Valerio, es fundamental trabajar en la necesidad de formular y definir estrategias de investigación, litigación y funcionamiento conjunto en el sistema de justicia, donde intervienen el Poder Judicial, el Ministerio Público y los abogados oficiales y particulares.
En este sentido, entre las soluciones propuestas se destaca la importancia de unificar en un solo acto la audiencia preliminar y la oposición a la elevación a juicio, así como anticipar decisiones procesales, especialmente en casos que involucran a personas privadas de libertad.
Valerio consideró que debe “sincerarse” la situación de causas que “inevitablemente prescribirán”, advirtiendo que mantener investigaciones de este tipo “representa un alto costo de recursos humanos y materiales”. Por ello, propuso avanzar en una política de persecución penal clara, que establezca prioridades y permita a la Legislatura conocer y respaldar las acciones que se implementen para la formulación de distintos apoyos normativos que optimicen la labor judicial en la provincia.