En el marco del 50° aniversario del comienzo de la última dictadura militar, El Sol llevó a cabo un informe especial en pos de relatar cómo se vivieron en Mendoza los días previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 a través de valiosos testimonios de protagonistas de la época.
En la provincia, el golpe de Estado no irrumpió de manera inesperada. Lejos de ser un quiebre repentino, representó el momento en que un proceso político, social y represivo, que ya se encontraba en marcha, terminó de instalarse definitivamente.
El primer quiebre visible de la estabilidad provincial se remonta a 1972 con el Mendozazo, bajo otro Gobierno militar. Aquella protesta social, que derivó en una fuerte represión, marcó el fin de una etapa y el inicio de una crisis que se profundizaría dos años después. En 1974, la destitución del gobernador Alberto Martínez Baca abrió paso a una etapa de intervención federal que debilitó las estructuras democráticas locales.
Durante ese periodo, el enviado del gobierno de Isabel Martínez de Perón, el histórico dirigente peronista Antonio Cafiero, llegó a la provincia con un discurso centrado en el “orden y la pacificación”. Sin embargo, el contexto ya mostraba señales claras de descomposición y el poder político perdía progresivamente su capacidad de control.
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El ascenso de la represión paraestatal
En ese vacío de poder, la Policía provincial, bajo la conducción de Julio César Santuccione, ganó un protagonismo inédito tanto en la calle como en la toma de decisiones. Fue el caldo de cultivo para que comenzaran a operar grupos parapoliciales (inspirados en la Triple A) como el Comando Anticomunista Mendoza y el Comando Pío XII, responsables de una campaña de atentados, amenazas y asesinatos selectivos.
Este esquema represivo no actuaba en soledad. Incluso antes de la ruptura constitucional de marzo, el Ejército ya realizaba operativos en territorio mendocino bajo el marco del denominado “combate contra la subversión”. De este modo, la violencia dejó de ser un hecho aislado para formar parte de un entramado organizado.
En una sociedad de tradición conservadora, la reacción predominante ante este escenario no fue la confrontación abierta, sino el repliegue. Se instaló un clima de cautela y menor exposición; un temor que se asentaba en la cotidianeidad sin necesidad de mayores explicaciones.
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El punto crítico: marzo de 1976
A solo cuatro días del golpe, el 20 de marzo de 1976, la violencia evidenció su falta de límites con los asesinatos de Susana Bermejillo, profesora de lenguas y Mario Susso, estudiante de ingeniería. Para ese entonces, el aparato político estaba prácticamente desarticulado y el último interventor, Pedro León Lucero, atravesaba sus días finales en una gestión que ya no controlaba el escenario social.
El 24 de marzo, Mendoza amaneció bajo una nueva lógica. Con las autoridades desplazadas y los medios de comunicación controlados, la ciudad se sumergió en el silencio, interrumpido únicamente por la presencia de militares en las calles, controles estrictos y órdenes que ya no se discutían.
La consolidación del sistema y el camino a la Verdad
A partir de ese día, lo que antes aparecía como hechos fragmentados pasó a funcionar como un sistema organizado de represión. Las detenciones y los allanamientos se volvieron sistemáticos, con el D2 (Departamento de Informaciones de la Policía) como pieza central del engranaje clandestino.
Durante años, la magnitud de la tragedia no fue plenamente visible, oculta tras los muros de la censura y el miedo generalizado. Bajo una apariencia de “orden”, lo que ocurría en paralelo tardó tiempo en salir a la luz. Fue con el retorno de la democracia que la historia comenzó a reconstruirse y, con el inicio de los juicios, a señalarse a los responsables materiales e intelectuales.
A cinco mil días de aquel largo y oscuro capítulo, Mendoza vuelve sobre sus huellas. A 50 años del inicio de la dictadura, la provincia mantiene el ejercicio de la memoria para entender su pasado y, fundamentalmente, para no dejar de contarlo.

