“Impsa sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias y de la incomprensible demora en ejecutar obras hidroeléctricas necesarias para el país”. Esa frase, que forma parte de la extensa carta de renuncia presentada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, generó un cimbronazo en el interior de la empresa manejada por el Gobierno nacional y en la administración de Rodolfo Suarez, donde coinciden con la visión del exfuncionario.

En Impsa y en el Gobierno mendocino eligieron el silencio tras la acusación pública que lanzó Kulfas, que fue una figura clave en el salvataje estatal de la emblemática compañía. Tampoco quisieron blanquear cuáles son esos proyectos presuntamente frenados por Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica y uno de los referentes en materia energética del kirchnerismo duro.

Ver también: Matías Kulfas denunció que Impsa “sufre por el internismo” y apuntó contra el kirchnerismo

Basualdo, el principal apuntado por Kulfas en su carta, debe responderle directamente a Martín Guzmán. Pero en la práctica solo da explicaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner, su jefa política que lo sostuvo en el cargo cuando el ministro de Economía intentó echarlo.

Ahora, un artículo de una publicación especializada aseguró que la Subsecretaría de Energía Eléctrica presiona para que la empresa alemana Voith se quede con la licitación para reparar las turbinas de la central hidroeléctrica de generación y bombeo Río Grande, que opera la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Impsa también puja por ese millonario contrato, presupuestado en 80 millones de dólares, para reparar la represa de bombeo más grande de Sudamérica.

Con una potencia de 750 MW, el rango distintivo de la central hidroeléctrica Río Grande es su capacidad de bombear agua desde un embalse inferior hacia uno superior para generar energía. Sin embargo, está trabajando muy por debajo de sus posibilidades porque de sus cuatro turbinas, dos no funcionan y las otras dos arrastran problemas.

De acuerdo con la nota del portal EconoJournal, “en julio del año pasado, técnicos de IMPSA visitaron el complejo durante una semana, realizaron un diagnóstico y elevaron un informe de unas 500 páginas donde se detalla lo que hay que reparar, presupuestado en 80 millones de dólares, pero hasta ahora no se avanzó con la contratación”.

El artículo destaca que la EPEC necesita que la Subsecretaría de Energía Eléctrica a cargo de Basualdo autorice un contrato de compraventa de energía (PPA, según la sigla en inglés) a un precio diferencial a través de CAMMESA para que puedan afrontar esa inversión. Esa resolución permanece frenada.

Además, hace la falta la obtención del financiamiento por parte de EPEC. Pero si el PPA se destraba, un pool de bancos públicos podría colaborar para que IMPSA haga la obra.

La investigación EconoJournal resalta que Basualdo estaría haciendo lobby a favor de Voith ante EPEC. Por el contrario, cerca del funcionario kirchnerista rechazaron ese trascendido y lo calificaron de “malintencionado”.

Sin embargo, las voces que cuestionan a Basualdo remarcan que es el encargado de poner la cara por órdenes que le llegan de arriba y que ya existen antecedentes de operaciones del subsecretario de Energía contra Impsa, como ocurrió en una negociación que la empresa llevó adelante con Yacyretá.

Relación conflictiva

La empresa mendocina se comprometió a refuncionalizar seis de las 20 turbinas que la central hidroeléctrica binacional adquirió a la alemana Voith y arrastran problemas de diseño original. Dos ya las arregló y otras cuatro permanecen pendientes: la primera tiene previsto entregarla en septiembre y la segunda en febrero.

Impsa se atrasó con la reparación debido a la crisis que atravesaba y desde Yacyretá calificaron su desempeño como muy deficiente. “Ha incumplido reiteradamente con todos los plazos de entrega”, acusaron.

Las nuevas autoridades de la firma mendocina prometieron avanzar con las refacciones, pero solicitaron el giro de nuevos recursos para poder continuar. La negociación fue destrabada por Kulfas, quien acusó a Basualdo de frenar los desembolsos.

Desde la Subsecretaría de Energía negaron esa versión y dijeron que fue la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) quien ponía reparos a adelantar los pagos.

Fuentes de la EBY confirmaron efectivamente que no estaban de acuerdo con girarle más fondos a Impsa y añadieron que la empresa mendocina “presionó políticamente para que le adelantemos una y otra vez anticipos financieros que luego no tienen un correlato en la mejora de los servicios que ofrece”.

“Si la performance de Impsa con nosotros (Yacyretá) funciona como caso testigo, es lógico que algún sector del gobierno no quiera darle nuevos contratos en la reparación de otras represas hidroeléctricas”, consideraron.

Pero Kulfas insistió, llevó el reclamo de Impsa al propio presidente Alberto Fernández y logró destrabar los adelantos. Lo que no consiguió fue que Yacyretá firmara un contrato nuevo con Impsa para arreglar otras turbinas.

Los proyectos de Impsa

El 28 de mayo de 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunciaba la aprobación de la capitalización estatal de Impsa, lo que significó un aporte de 15 millones de dólares de la Nación, que se sumaron a otros 5 millones de la provincia de Mendoza.

De esta forma, el Estado nacional se convirtió en el principal accionario con el 63,7% del total, mientras que Mendoza participa con el 21,2%. El porcentaje restante, permanece en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.

Los funcionarios destacaron en esa oportunidad que la capitalización le permitiría a la compañía consolidar su operación en Argentina y al mismo tiempo volver a competir en los mercados que lideró durante décadas, como Asia, Europa, África, y América.

Sin embargo, el primer año de la Impsa “estatal” arrojó números en rojo: en su balance del 2021, declaró pérdidas por $4.607 millones.

Por otra parte, la empresa comunicó que, desde el desembarco estatal, se avanzó en una docena de proyectos. Si bien ha ganado algunas licitaciones, le está costando afianzarse en el sector hidroeléctrico, el corazón de su negocio.

  • Fue contratada por la Armada de la República Argentina (ARA) para la ejecución de un proyecto que incluye el diseño, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de una Grúa de Astillero para la Base Naval “Puerto Belgrano” en Bahía Blanca.
  • Entregó con éxito el rodete de turbina rehabilitado para la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, en San Juan.
  • Finalizó la fabricación de un soporte especialmente diseñado para un telescopio de alta tecnología que se va a instalar en Salta, en el marco del Proyecto QUBIC, un proyecto internacional asentado en Argentina que pretende comprobar empíricamente la teoría de la inflación cósmica del Big Bang.
  • Acuerdo para crear el Centro Tecnológico Metalúrgico Cuyo (CETEM Cuyo). Se trata de un proyecto de cooperación público-privado que desarrolla junto a ADIMRA, ASINMET y el INTI para centros tecnológicos, y que apunta a mejorar los procesos productivos y fortalecer las capacidades de las PyMEs de la región.
  • A comienzos de 2022, Fortescue Future Industries (FFI) le adjudicó a la provisión de 17 mástiles e instrumentos de medición de vientos para poder llevar a cabo en Río Negro su primer y principal proyecto de Hidrógeno Verde en Argentina.
  • Junto a ICSA, se unió con la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) para desarrollar y ejecutar en conjunto el Parque solar fotovoltaico de Tocota en San Juan.
  • Se encargará de la explotación y operación de la fábrica de paneles solares fotovoltaicos de EPSE, cuya producción se espera en 71 MWp por año.
  • Fue designada por YPF como proveedora de equipos pesados en el marco del proyecto para la ampliación y modernización de su refinería en Luján de Cuyo.
  • Firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la provisión de servicios de ingeniería y fabricación de nuevos componentes para la construcción y puesta en marcha del CAREM.
  • En marzo de 2022, ICSA (una empresa del grupo IMPSA) gerenció la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Helios, en Santa Rosa, que abastece aproximadamente a 3.000 hogares de manera completa con energía solar fotovoltaica renovable.
  • En abril de 2022, selló un convenio con Dioxitek para fabricar por primera vez en el país un contenedor para poder exportar Cobalto 60, un insumo clave para las industrias alimenticia y de la salud.
  • Además, en el primer trimestre se concretó la firma de la Adenda N° 6 del proyecto Tocoma con el cliente CORPOELEC de Venezuela, la que extiende por 60 meses la vigencia del contrato y por la que las partes deberán definir y acordar programáticamente la ejecución del proyecto.