Este miércoles se realizó la audiencia contra tres personas imputadas por haber realizado pintadas en piedras de Potrerillos, en la alta montaña mendocina, un caso que generó fuerte repudio social en toda la provincia, que incluso se viralizó a nivel nacional y que motivó la inmediata intervención judicial.
Todo comenzó el martes de la semana pasada, cuando la jueza Contravencional de turno, Viviana Fernández, decidió abrir una causa de oficio tras la difusión de imágenes en las que se veía a un grupo de personas vandalizando piedras del paisaje natural mendocino. La denuncia se encuadró en el artículo 138 quarter del Código Contravencional, que penaliza los daños al patrimonio natural y paisajístico.
La audiencia de este miércoles se realizó de forma virtual, desde las 10.30, con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
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Tres de los cuatro imputados pidieron disculpas por lo ocurrido
En la mencionada audiencia participaron tres de los cuatro imputados: Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga. Todos comparecieron sin abogado defensor -tal como lo permite el procedimiento- y brindaron su declaración indagatoria.
Durante la audiencia, a los imputados se les exhibieron videos y pruebas documentales, se les informaron sus derechos, y todos reconocieron los hechos que se les atribuían.
Además, expresaron consternación y pidieron disculpas en reiteradas ocasiones al pueblo mendocino, a la provincia y a los habitantes de Potrerillos. Manifestaron que lamentaban profundamente lo ocurrido y que estaban dispuestos a acatar lo que la Justicia determinara.
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Deberán pagar igual
Tras evaluar los gastos en los que debió incurrir la Secretaría de Ambiente de Mendoza para reparar los daños, así como la situación personal de los imputados, la Justicia impuso una multa conjunta de 5.000 unidades fijas, lo que equivale a un total de $2.100.000.
El monto deberá ser abonado por los tres imputados en conjunto en un plazo de diez días corridos. Para ello, se les remitió por correo electrónico el correspondiente boleto de pago de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Deberán hacer trabajo comunitario
La condena no se limitó al aspecto económico. La jueza Fernández también dispuso una obligación de conducta para cada uno de los imputados: deberán realizar tareas de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, durante 20 horas cada uno. Esta labor deberá acreditarse ante el Ministerio Público Fiscal mediante el procedimiento de compulsa, con intervención del municipio para su implementación.
Finalmente, se les advirtió que, en caso de incumplir tanto con el pago de la multa como con la realización de las tareas comunitarias, las sanciones se convertirán en pena de arresto.