Se terminaron las dilaciones para la empresa fabricante de la gaseosa Manaos. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza le asestó el golpe final a la estrategia defensiva de Orlando Canido al rechazar el recurso extraordinario federal con el que la firma pretendía elevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. Con esta resolución, la sentencia por más de 807 millones de pesos quedó firme y la empresa deberá pagar el monto.
El máximo tribunal provincial, con las firmas de los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, consideró que no existía una “cuestión federal” que justificara la intervención de la Justicia nacional. Los magistrados ratificaron así lo actuado anteriormente, dejando sin efecto la última “carta” que le quedaba al grupo Refres Now.
“Los planteos, por un lado, repiten argumentos que sólo buscan atacar el criterio de interpretación del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo y la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de realidad, propios de la materia laboral, sin introducir una cuestión federal que autorice a abrir la instancia ante el máximo Tribunal Nacional”, dice el fallo.
“Pretende una revisión de cuestiones de hecho y prueba que fueron analizadas y resultaron razonables para declarar nulo el convenio celebrado en el SECLO por resultar violatorio de los derechos del trabajador, tal como lo hizo la sentencia de Cámara que confirmó esta Corte. En definitiva, reedita los agravios que planteó en el recurso extraordinario provincial, buscando introducir una cuestión federal que no existe”, indica.
“Además introduce cuestiones novedosas que no planteó en el recurso extraordinario provincial, como la queja sobre la tasa de interés que aplicó la sentencia conforme su pretensión original, lo que resulta absolutamente improcedente, toda vez que ataca cuestiones que quedaron firmes y consentidas”, añade.
El origen del conflicto en San Rafael
La causa, que se inició en el Sur mendocino, puso bajo la lupa la relación laboral de un distribuidor que trabajó para la marca entre 2013 y 2022.
Aunque en una instancia previa se había llegado a hablar de una cifra cercana a los 1.500 millones, la Corte mendocina terminó ajustando el monto final. La liquidación quedó compuesta por unos 223 millones de pesos de capital y más de 584 millones en intereses moratorios, una cifra que Orlando Canido calificó en su momento como “insólita y fuera de contexto”.
Con el rechazo del recurso extraordinario, Manaos se queda sin margen de maniobra. El caso no solo marca un hito por el monto de la indemnización -una de las más altas de la historia judicial de la provincia- sino también por el mensaje enviado hacia las prácticas de registración laboral en el sector de la distribución comercial.