Por el 2008, un grupo de militares lograron que el Gobierno Nacional les pagara una diferencia salarial adeudada. Para cada uno de estos mendocinos las cifras eran significativas y, como ocurre en estos casos, el Ministerio de Economía les saldó la deuda con bonos de consolidación. Cada uno recibió entre 35 y 50 mil bonos.

Entusiasmados se los dieron a dos supuestos corredores de bolsa pero hasta el día de hoy no han visto un centavo. Así es como Agustín de la Reta y René García Arjona deberán enfrentar un juicio por defraudación por administración fraudulenta.

En su momento, los jubilados recibieron bonos consolidación sexta serie PR12 y PR13 -cada uno tenía un valor de $1,96 (en la actualidad rondan los $6)- y se los entregaron a los acusados que tenían la empresa Sudinversora con oficinas en el quinto piso de la Bolsa de Comercio de Mendoza. Así, les hicieron firmar a los militares retirados un poder para poder comercializarlo.

Según explicó el fiscal de delitos complejos Daniel Carniello, quien enfrentó la investigación, los estafados serían cerca de 48 pero sólo se abrieron 24 hechos distintos ya que algunos habrían logrado recuperar parte de los bonos.

Carniello llevó la investigación durante tres años hasta que el juez David Mangiafico  firmó una resolución para elevarla a juicio. La pena para los señalados como estafadores podría ser de hasta 15 años de prisión.

El abogado Juan Day es quien representa a unas 20 víctimas que esperan que se haga justicia aunque dudan que puedan volver a recuperar los bonos, que habrían sido vendidos por los acusados previo transferirlos a DYM Inversora, una empresa que pertenece a la familia de De la Reta.

Los hechos

Según el expediente, los jubilados obtuvieron entre 30 y 50 mil en bonos consolidación, los cuales, por consejo un abogado, fueron entregados García Arjona y De La Reta, quienes prometieron la custodia, inversión y reembolso de dichos bonos.  

Según se detalla en el documento, a fines de septiembre de 2009, las víctimas recibieron una carta documento del apoderado de la firma Sudinversora mediante la cual se los citaba para octubre de ese mismo año. En esa fecha se les comunicó que la empresa había tomado la decisión de cerrar, y que no disponían de sus bonos, reconociendo la deuda existente y ofreciendo un acuerdo que varios rechazaron, el cual consistía en pagar una parte del valor de los mismos y en cuotas.

Así, algunos de los denunciantes manifestaron a la Justicia que no habían firmado ninguna documentación mediante la cual autorizaban efectuar algún tipo de gestión comercial respecto de sus bonos. Los militares jubilados comenzaron a realizar averiguaciones  y se enteran que los acusados no estarían habilitados como agentes de bolsa y las operaciones se habrían realizado por intermedio de DYM Inversiones, Sociedad de Bolsa S.A.

La defensa

García Arjona y De la Reta tienen como defensa a Rafael Manzur, abogado de pobres. El Sol se contacto con el funcionario de la procuración y el mismo manifestó que por secreto profesional no podía ofrecer mayores detalles sobre sus defendidos sin autorización de los mismos. Pero destacó que el expediente en el que se los eleva a juicio “está apelado”.

“No hay delito por parte de mis defendidos. Sí incumplimiento contractual”, dijo el doctor Manzur, quien al ser interrogado sobre si en su momento estaban habilitados como corredores de bolsa, manifestó que no podía brindar esa información.

Según trascendió, los denunciados habrían obtenido últimamente la matrícula para trabajar como corredores de bolsa aún teniendo esta causa abierta.