El Gobierno envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca actualizar la normativa actual de hidrocarburos, con el objetivo de “reforzar los principios básicos vinculados al dominio de la Provincia sobre sus recursos hidrocarburíferos, pero incorporando actualizaciones frente a los cambios productivos, tecnológicos y normativos de las últimas dos décadas, incluida la Ley Bases”, indicaron desde el Ejecutivo. Cambios en las regalías, reconversión de las concesiones, superposición con la minería y esquemas de multas, entre los principales cambios.
La iniciativa, que busca sumar herramientas para atraer inversiones y nuevos proyectos, aumentar producción en áreas maduras y generar condiciones para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Mendoza, fue presentada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, junto a su presidente, Andrés Lombardi, y los directores de Hidrocarburos, Lucas Erio, y de Legales, Bruno De Pasquale.
La nueva ley propone un régimen más flexible para definir regalías, incentivos e inversiones según las características de cada área. También incorpora expresamente la explotación no convencional, actualiza las obligaciones ambientales, prioriza a los proveedores y trabajadores locales y fortalece los mecanismos de fiscalización y control.
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El esquema de regalías
Uno de los principales cambios está en el sistema de regalías. La ley actual establece una regalía general de 12% sobre la producción y permite reducirla hasta 5% según las características de cada proyecto.
Este proyecto propone un esquema diferente para las futuras licitaciones. La regalía de referencia será de 15%, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas.
De esta manera, la Provincia podrá adecuar la regalía a la realidad de cada área: exigir una participación mayor en proyectos con mejores condiciones económicas o aceptar una menor cuando sea necesario para hacer viable una inversión, por ejemplo, en campos maduros o de menor productividad.
Además, la adjudicación no dependerá únicamente de la regalía ofrecida. También se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, y el monto de inversión tendrá un peso preponderante en la fórmula de adjudicación.
El proyecto incorpora incentivos para movilizar inversiones en áreas donde recuperar producción resulta más complejo. El Ejecutivo podrá establecer reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, las regalías podrán incluso ubicarse por debajo del 5% con fundamente técnico.
También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración podrá reducirse, además, hasta 80% el canon correspondiente a una prórroga.
Vaca Muerta y su legislación
Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006.
El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece así un marco provincial específico para proyectos no convencionales.
La incorporación tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.
Obligaciones ambientales
El proyecto refuerza también las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo.
Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y, cuando sea necesario, recomponer o restaurar el ambiente. También deberán contemplar el cierre y abandono de pozos, instalaciones y ductos y el saneamiento de los pasivos ambientales.
Además, establece expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Además, deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, que incluirá información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.
Minería e hidrocarburos
La iniciativa incorpora reglas para ordenar la eventual superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, una situación que adquiere mayor importancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza.
Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La sola superposición de proyectos no implicará la caducidad, extinción o rechazo de ninguno de los derechos involucrados: sus titulares deberán intercambiar información y buscar alternativas que permitan desarrollar ambas actividades.
Cuando la coexistencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente, la integridad de los yacimientos o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y previa audiencia de los interesados. La decisión deberá considerar, entre otros aspectos, la situación de los derechos involucrados, la posibilidad de compatibilizar o secuenciar los trabajos, las inversiones realizadas y comprometidas y los impactos ambientales, sociales y territoriales.
Multas y control
La reforma también reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones serán clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas. El texto establece además criterios para graduar las sanciones según factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido, la reincidencia y la conducta de la empresa para subsanar la falta.
Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.