Una preocupante realidad afecta a Mendoza: la organización clandestina de peleas de aves. En este caso, de ejemplares de pepiteros de collar, también conocidos como siete cuchillos.
La crueldad es tal que llegan a entrenar a estas aves ya sea para pelear o para capturar otros ejemplares. Luego, muchos utilizan sus redes sociales para compartir esta actividad ilegal.
De manera “recreativa” o para ganar dinero: los motivos de este tipo de maltrato animal, que actualmente es considerado un delito y que por ende, representa una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, con multas que pueden costar hasta $1.500.000.
Peleas clandestinas y tráfico ilegal
Dentro de la lista de las veinte aves más secuestradas, el siete cuchillos es el primero. Además, desde el 2012 hasta el 2022, se han rescatado más de 3.500 ejemplares en la provincia, aseguró Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza.
Entre las diferentes consecuencias de este tráfico ilegal, aparecen las peleas clandestinas; muchas de ellas detectadas a través de las redes sociales.
“Es un animal territorial y cuando se acostumbra a la jaula, se vuelve territorial en su jaula. Entonces cuando ve a otro de su misma especie lo va a pelear, ya que reclama su espacio, su territorio. Por eso es muy fácil que el animal se enfrente a otro. A eso se le suma el estrés psicológico y físico que sufre en una jaula“, mencionó Gorrindo.
“Hay mucha crueldad animal, cuesta entender la finalidad. Acá hay fines recreativos y también gente que apuesta, que gana dinero con esto. Normalmente hay dinero de por medio“, agregó.
En esta línea, el funcionario contó que en diferentes oportunidades se entrena a estas aves para “adiestrarlas” y que luego puedan pelear o capturar otros ejemplares.
Las acciones contra el tráfico ilegal
La legislación argentina es clara al respecto. Mendoza adhiere a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe la captura y el comercio de animales silvestres. La caza de siete cuchillos en la provincia puede implicar multas de hasta $1.500.000, además de las posibles acciones penales.
“Según la gravedad del caso, se puede llegar a un juicio“, agregó el jefe de Fauna.
La detección de estas actividades ilícitas se ha fortalecido con la creación de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, delitos contra los animales y No Especializados en Mendoza.
Además de la batalla legal, Gorrindo enfatizó en la importancia de políticas integrales y educación ambiental.
“Salimos con policías a la calle o al campo. También hay que trabajar con educación ambiental, llegar a las escuelas, llegar a todas las generaciones“, aportó.
De cada 10 aves capturadas y sacadas de su hábitat natural, nueve mueren en el proceso de tráfico y cautiverio. Un porcentaje que visibiliza el sufrimiento detrás de cada ave enjaulada.