“Son dos temas separados”, juran en Irrigación, donde se esfuerzan por despegar la investigación judicial por contaminación ambiental en Maipú de la sanción por irregularidades administrativas contra la inspectora de cauce que justamente denunció el hallazgo de tierra empetrolada.
El denominador común es María Emilia Scatolón, la inspectora de cauce del canal matriz Lunlunta que el 3 de septiembre presentó ante la Fiscalía de Delitos Ambientales la denuncia por la contaminación en un sector de la margen norte del río Mendoza. Un mes después, el 4 de octubre, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación la suspendió por 60 días por no haber presentado en tiempo y forma la rendición de cuentas del ejercicio 2022.
Esas fechas son claves y conspiran contra la intención de Irrigación de separar los hechos. Así las cosas, las sospechas cruzadas se multiplican: de un lado, destacan las reiteradas desprolijidades administrativas de la inspectora de cauce sancionada, a quien además vinculan con referentes ambientalistas críticos de la gestión de Sergio Marinelli, titular de Irrigación, y con sectores del peronismo; del otro, hablan de una venganza contra Scatolón por su denuncia por contaminación y por sus cuestionamientos al Código de Aguas.
“La Resolución 463/24 del HTA dictada el 04-10-24 por la cual se sanciona con 60 días de suspensión a la Inspectora, no guarda relación alguna con la situación de afectación ambiental producida en el sitio de Concesión Barrancas (Yacimiento Cruz de Piedra)”, asegura un comunicado firmado por el presidente del HTA, Omar Sorroche. Cerca de Scatolón, en cambio, no tienen dudas de que ambas situaciones están relacionadas y que la mujer es víctima de una campaña sucia para obligarla a renunciar.
En Irrigación resaltan que Scatolón tiene que aclarar diferencias contables y presentar comprobantes respaldatorios del ejercicio 2022 por más de $4,1 millones. También aseguran que en el pasado ya se le aplicaron multas de procedimiento y cargos por reiteradas omisiones y faltas. Son resoluciones de los años 2017, 2018, 2020 y 2021 que “se encuentran firmes, consentidas y ejecutoriadas en sede administrativa”.
La inspectora ejerce funciones desde 2011. En tal sentido, el propio Marinelli admitió que “hace varios años que tendría que haber sido suspendida porque no rinde cuentas, no hay comprobantes de todo lo que hace, no hay bonos de sueldo”. El titular de Irrigación además ensayó una llamativa explicación por la postergación de la sanción: “Hay pocas inspectoras de cauce, también eso influyó en tratar de dilatar la cosa, para que no perdiéramos a una mujer participando”.
La denuncia por contaminación
El mes pasado, máquinas retroexcavadoras de Irrigación abrieron pequeñas “sangrías” o zanjas con dirección al río Mendoza en la zona de Lunlunta para contrarrestar el efecto de las napas superficiales. En ese momento, del suelo comenzó a brotar una sustancia líquida con posibles restos de petróleo.
Con ese trabajo de drenaje, que según expertos tendría que haberse realizado a fines de mayo en el denominado “periodo de corta”, se buscaba eliminar el exceso de agua que pone en peligro plantaciones en esa zona donde desde hace décadas conviven la actividad petrolera de YPF y la agrícola.
A falta de los resultados de los análisis de laboratorio que está efectuando la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la hipótesis apunta a un pasivo ambiental pequeño y de larga data, descubierto recientemente.
Tras el hallazgo del derrame, se realizó una inspección y se confirmó la presencia de piedras y barro con restos de hidrocarburos. En Irrigación aseguran que la contaminación no llegó al agua.
Inmediatamente YPF -que tiene la concesión del yacimiento Barrancas- fue intimada a ejecutar tareas de monitoreo y remediación básica, además de ampliar los estudios para garantizar que no queden pasivos enterrados no identificados. Todo bajo amenaza de multas. La petrolera, por su parte, presentó su propio plan de acción.