Casi cinco años después de que lo desalojaran, finalmente derrumbaron el edificio ubicado en calle Salta y Entre Ríos, de la Ciudad de Mendoza, debido a los problemas estructurales que presentaba y el peligro que significaba ante un movimiento sísmico.

La construcción de esa esquina se estaba hundiendo, por lo que en 2017, tras distintas intimaciones al consorcio del edificio, la municipalidad y la Dirección de Defensa Civil ordenaron evacuar el lugar y las siete familias que residían ahí tuvieron que marcharse.

Si bien la estructura se estaba hundiendo y se había pedido un plan de arreglos, en octubre de ese año estallaron los vidrios de un negocio ubicado en la planta baja, la señal de alarma que dio pie a la evacuación. 

El edificio tenía más de 50 años y estaba apostado sobre terreno arcilloso, según indicaron en aquel entonces los vecinos. De hecho, en 1967, cuando se construyó, no existía el desarrollo de la mecánica del suelo.

Tras las inspecciones de la municipalidad, se verificó un hundimiento en algunos sectores. Por eso, emplazaron a los propietarios para que presentaran un informe técnico para dar solución al problema y corroborar el estado de habitabilidad.

Esos plazos se vencieron y fueron multados e intimados por 10 días más advirtiendo del desalojo. Ante la falta de respuesta de los propietarios, el municipio de Capital realizó los trámites administrativos para su demolición a costa de lo que refieran los dueños.

En Mendoza, de acuerdo con lo expresado por los titulares de Obras Públicas, la responsabilidad de cada construcción corre por cuenta del propietario: no existe normativa que obligue a los municipios a oficiar como entes de contralor de las estructuras edilicias existentes en la provincia.