El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recurrieron este viernes por separado a la Justicia provincial para lograr que el Gobierno suspenda transitoriamente las clases presenciales a raíz de la explosión de contagios de coronavirus.
En medio de la segunda ola de la pandemia, el gremio docente presentó una acción preventiva legal que recayó en el Tercer Juzgado de Gestión Asociada, a cargo de la jueza Ana Carolina Di Pietro.
“Pedimos la suspensión transitoria de las clases presenciales con el objetivo de cuidar la salud de trabajadores, estudiantes y toda la comunidad educativa”, explicaron desde el sindicato.
En tanto, la APDH presentó una acción de amparo para solicitar que “se ordene una medida evidentemente necesaria para desacelerar la propagación de la pandemia”. La medida tendrá que ser resuelta por la magistrada Patricia Dolores Fox, del Segundo Juzgado de Gestión Asociada
Para el organismo, el gobierno de Rodolfo Suarez “incurre en una conducta arbitraria cuando omite tomar medidas restrictivas temporarias a la presencialidad a la luz de los alarmantes datos sobre la segunda ola de COVID 19″. También destaca que publicaciones científicas internacionales “señalan el rol de los establecimientos escolares en la cantidad de personas infectadas y decesos”.
La presentación judicial sostiene que Mendoza se encuentra técnicamente en situación de “alto riesgo sanitario” y por lo tanto en condiciones epidemiológicas que ameritan “adoptar medidas de limitación de la circulación”. En este contexto, solicita la suspensión de las clases presenciales por el lapso de dos semanas.