Los legisladores provinciales regresaron a la actividad política y desde el Ejecutivo promoverán la sanción de dos leyes en particular. Una de ellas, ya tiene estado parlamentario y exigirá hasta la presencia de un ministro de Rodolfo Suarez porque implicará una reforma electoral. La otra, apunta a conseguir el apoyo legislativo porque involucra acuerdos con Nación.

La Legislatura mendocina estuvo paralizada durante enero y en el segundo mes del año se reactiva con la intención del suarismo de avanzar con la aprobación de dos normas. La primera de ellas es el proyecto de Boleta Única (BU), motorizado en particular por el gobernador Rodolfo Suarez desde el congreso radical. A partir de ahí tanto intendentes como el otro grupo de poder de la UCR, el cornejismo, se aborqueló tras la idea que implicará una reforma electoral.

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Ese proyecto ya cobró estado parlamentario a mediados de diciembre, pero desde el bloque radical quieren “darle importancia” a lo largo de este mes, por lo que buscarán “dar un buen debate”, según adelantó Marcelo Rubio, uno de los radicales de confianza del gobernador en el Senado.

Este debate incluye la invitación del ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, para que explique en la comisión de Asuntos Constitucionales qué cambios en la normativa electoral implica dejar atrás la boleta sabana y adoptar el modelo cordobés de BU, que es el elegido por el Gobierno. La asistencia del constitucionalista está pensada para la semana próxima.

“Queremos un consenso importante para sacar el mejor proyecto posible”, indicó Rubio sobre las aspiraciones del oficialismo.

Pero no será el único funcionario radical que participará ya que Rubio también prevé que vaya Jorge Albarracín, a cargo de la Junta Electoral, el organismo a cargo de la coordinación del armado territorial de cada comicio provincial.

La visita de Albarracín, ex secretario legal y técnico, ex diputado y apoderado de la UCR, será posterior a la de Ibañez. Es decir, en dos semanas. Por esto, el oficialismo prevé que el proyecto de BU sea aprobado entre fines de febrero y comienzos de marzo.

En su momento, el gobernador definió la impronta de esta reforma: “Con este proyecto avanzamos a un sistema moderno, accesible, sencillo, fácil de utilizar y de escrutar”, explicó Suarez. Luego de la presentación, el mandatario abroqueló a los intendentes radicales en la residencia de La Puntilla para cosechar el apoyo en cada departamento.

En la oposición, en tanto, no han hecho mayores observaciones y han expresado anteriormente que la BU implica “más transparencia” que el sistema actual de boleta sabana. Pero incluso algunos, como la intendenta Flor Destéfanis, fueron más allá y pidieron por el voto electrónico.

Consenso fiscal

También a finales de diciembre, Suarez viajó a Casa Rosada para firmar junto a otros mandatarios provinciales el consenso fiscal. Se trató de un nuevo acuerdo que no estuvo exento de polémica en materia impositiva.

En líneas generales, el consenso fiscal 2021 establece que se podrá llevar a cabo un proceso de compensación total o parcial de “las deudas que registren las jurisdicciones provinciales con el Gobierno Nacional”. Pero a la vez exige que cada Ejecutivo provincial envíe un proyecto de ley a la Legislatura para aprobar el convenio.

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Así, dado que se firmó a finales del año pasado y la Legislatura entró la semana siguiente en receso. Este miércoles, el proyecto ingresará en la Cámara de Diputados.

“En estos temas que son iniciativa del Gobierno nacional el principal partido de la oposición no pone reparos, por lo que creo que no tendrá mayores inconvenientes“, explicó el radical Jorge López, a cargo de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja. 

En este caso, el objetivo del radicalismo es que, ni bien tome estado parlamentario, se pida su preferencia de despacho en comisiones, para que se ratifique el aval legislativo al consenso fiscal, porque implica la condonación de deudas de Nación a Provincia. “En dos semanas vamos a estar tratándolo”, calcularon en el oficialismo en base a la experiencia anterior de otros pactos impositivos similares.

En tanto, para sortear la polémica -incluso con los aliados locales, como Omar de Marchi, que lo cuestionó por firmar con Alberto Fernández-, Suarez ya adelantó que no aumentaría los impuestos provinciales, una de las cuestiones que planteaba la norma impulsada por la Casa Rosada, ya que Mendoza viene desde hace años con una baja progresiva en la presión tributaria.

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En esa instancia, el gobernador justificó la firma “por conveniencia para los mendocinos”, ya que se incluyó la renegociación de la deuda que era “muy beneficiosa para las arcas de la provincia.

También en Diputados en la sesión de este miércoles tomará estado parlamentario otra iniciativa del Gobierno. En diciembre, el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, y la presidenta del IPV, Marta Ontanilla, presentaron un proyecto de regularización dominial para las carpetas de adjudicatarios del organismo.