Por estos días el femicidio de Florencia Romano (14), ocurrido en diciembre del 2020, sigue dando que hablar y generando opiniones encontradas. La atención se centró en dos puntos: por un lado, la defensa que hizo el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, endilgando parte de la responsabilidad a los padres y, por el otro, el millonario reclamo que encabezan los familiares de la víctima.

Los abogados de la familia de Florencia reclamaron un resarcimiento de $300 millones para los padres y el hermano de la joven por el daño moral que les ocasionó el crimen.  Tanto para la Asesoría de Gobierno como para la Fiscalía de Estado, se trata de un monto “desmesurado” en relación con lo que se paga habitualmente por ese tipo de reparaciones, razón por la cual el año pasado se ofreció el equivalente en pesos a 16 mil dólares (dólar MEP, que al precio actual serían más de 4 millones de pesos).

Ver también: Caso Florencia: la Fiscalía de Estado adhirió, pero con una salvedad

En la misma línea que planteó el asesor de Gobierno, en su contestación, el organismo que comanda Fernando Simón hizo referencia a que el reclamo de los familiares de Romano es “cien veces mayor” al que ha sido reconocido en fallos análogos.

“La suma reclamada no guarda relación alguna con antecedentes de casos análogos de jurisprudencia en el país“, señaló la Fiscalía de Estado.

En casos de este tipo, en el mundo del derecho, la suma por daño moral se valúa en función de la “teoría de los placeres compensatorios o precio del consuelo, que resulta de utilidad para justificar las indemnizaciones que se otorgan en ese concepto”. En este contexto, el juez debe tener en cuenta las circunstancias personales del damnificado, sus aspiraciones afectadas y cuáles bienes o servicios le pueden paliar o compensar la disminución disvaliosa de su espíritu, explicaron desde el organismo.

Sobre esto, la Fiscalía de Estado reconoce que no hay mayor dolor que la muerte de un hijo a sus padres, pero aclara que el Estado no está obligado a indemnizarlo si su omisión o falta de servicio no ha sido realmente la causa que la originara. Además consideraron que, incluso si el Estado fuera responsable, eso no significa que una familia se vuelva millonaria a costa de la ciudadanía.

El precio del consuelo

Habitualmente, en la Justicia el “precio del dolor” por la pérdida de una vida se equipara al costo de una vivienda con características similares a la que vive la familia de una víctima. Esa suma en algunos casos podría rondar los 100 mil dólares.

El año pasado, cuando llegó el traslado de la demanda, se inició el expediente y sujeto a lo que establece la Ley de Transacciones (9.234) – con el visto bueno de la Fiscalía de Estado- el Gobierno ofertó 16 mil dólares, que fueron rechazados por los demandantes. La normativa establece que esa oferta es única, por lo que quedó archivada y ahora la jueza que entiende en la causa, Marina Lilen Sánchez, tendrá la decisión final.

Casos de referencia

Para tener una idea de las sumas que ha pagado el Estado en juicios por daño moral, hay algunos ejemplos que se toman como referencia a la hora de ofertar indemnizaciones.

“Podemos advertir que como criterio general, el daño moral, o el llamado precio del dolor, en los supuestos de muerte de la víctima, suelen obtener como respuesta una indemnización que ronda aproximadamente la cantidad suficiente para adquirir una vivienda”, señaló la Suprema Corte en un fallo donde se pagaron $900 mil tras la muerte de una persona en un accidente de tránsito en el 2018 donde tuvo responsabilidad del Estado (Expediente Nro. 260.13)

También en el mismo año, la Justicia condenó al Estado a pagar $2,8 millones a una familia tras la muerte de una nena de 13 años. Esa suma se dividió en $800 mil para cada uno de los pares y $400 mil para cada uno de los tres hermanos.

“Entiendo que la suma reconocida puede permitirle al grupo familiar acceder a algún bien inmueble y que, de ese modo, puede explicarse la sustitución y la compensación que puede desempeñar la indemnización”, señala el fallo del expediente 252050.

Movilización

Este miércoles familiares de Florencia Romano, organizaciones feministas y referentes de la oposición, se congregaron en la explanada de la Casa de Gobierno para repudiar “las graves acusaciones del Gobierno provincial a los padres de la víctima”.

En su defensa, el Estado consideró que “los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente”. Esa contestación oficial generó malestar e indignación. Incluso, desde la Fiscalía de Estado se apartaron de esa postura.

“Es muy triste todo lo que dijo. No ha cambiado nada, estas son las políticas que quieren presentar. Si seguimos así, va a haber más muertas. Quiero que esto cambie”, señaló Cristina Mopardo, la madre de Florencia.

Además, uno de los abogados de la familia Romano señaló que “con parte de los fondos” que se obtengan pretenden crear una fundación para ayudar a víctimas y familiares. 

“Lo que quiere la familia Romano es hacer lo que el Estado no hace; apoyar a las familias de las víctimas que no pueden contar con un estudio jurídico que defienda sus intereses”, aclaró el abogado en torno a los $300 millones que se están solicitando de resarcimiento.