Si hay una cuestión en la que kirchneristas y radicales cierran la grieta es en la Justicia: todos coinciden en que funciona mal. Pero allí mismo divergen, según los debates que se han dado en la semana, tanto a nivel local como nacional. Pero hay instancias donde no hay mucha discusión y los acuerdos se cierran pronto.

En Mendoza, el impulso que tomó el Gobierno para modificar el funcionamiento del máximo tribunal quedó frenado luego del debate en comisión por la postura que tomaron los aliados en Cambia Mendoza: ni el demarchismo con base PRO ni Jorge Difonso (Frente Renovador) dieron su apoyo para que el proyecto pudiera tratarse en Diputados. A la fractura en el tribunal le sucedió la interna hacia el 2023.

Este sábado, Omar de Marchi formalizó su propia propuesta para destrabar el conflicto: la creación de una instancia intermedia en los fueros laboral y penal para que no todas las causas terminen en la Corte. Un filtro administrativo. A su vez, el precandidato a gobernador apuntó contra la partidización del tribunal, ya que ningún juez que llega a este ámbito de decisión nació de un repollo ni tiene pubis angelical.

Por esto, De Marchi propuso reformular el artículo 152 de la Constitución de Mendoza a través de una enmienda que versa precisamente sobre las condiciones para ser miembro de la Corte. ¿La solución? Que los candidatos no hayan tenido funciones ejecutivas ni afiliaciones partidarias en los últimos diez años. Esa quizá sea la modificación más complicada para negociar y, por el momento, no ha habido respuesta del Gobierno cuyo intento de reforma constitucional ha quedado boyando.

El gesto es políticamente elocuente, puesto que no ha habido en el seno de la coalición gobernante una marcada diferencia sobre un proyecto oficial. En perspectiva, la renuencia a apostar por el proyecto pone en juego la posición de poder que logró el macrismo mendocino para negociar en la Legislatura, lo que le otorga a De Marchi un posicionamiento que le permita sacar diferencias con la UCR. Así fue como sucedió con el caso Impsa, donde hubo sólo una opinión, ahora pone en suspenso un proyecto que venía con la fuerza que le imprime el cornejismo.

Trapitos al sol

De los tres poderes, el Judicial debe ser el menos transparente. Por eso, que cuatro ministros de la Corte y dos ex miembros de la misma hayan decidido dar el debate en la Legislatura no es un hecho menor. En principio, el debate muestra que la misma Corte no llegó a lograr una síntesis, lo que forzó la intervención del Ejecutivo. La pelea de fondo, es qué Corte se quiere, qué criterios de justicia debe imprimir la cúpula del Poder Judicial, tanto en materia penal como laboral. A nadie se le escapa que, en el fondo, esta discusión está montada sobre la rivalidad que se ha construido en estos años entre Alfredo Cornejo y Omar Palermo.

Palermo fue directo a señalar la intervención del Ejecutivo y hasta sostuvo que “hemos escuchado a algunos jueces decir ‘tenemos miedo’”. Con todo, recién ahora, cuando el zapato le aprieta, Palermo saca estos trapos al sol.

Cornejo ha estado distante en esta discusión local, por lo que la palabra más importante que ha resonado es la de Rodolfo Suarez, que tomó la posta como propia en esta última semana. Como detalle, en el debate lo que brilló fue la ausencia de su constitucionalista, el ministro Víctor Ibañez. En su reemplazo, el vocero oficial fue el subsecretario Marcelo D´Agostino.

Suarez defendió las reformas judiciales que desde el 2016 viene realizando el radicalismo con el sello cornejista. Y recordó un emblemático caso que apunta a las trabas en la Sala II sobre lo que quiso regular su gobierno: el de la secretaria del ex supremo Jorge Nanclares, Elizabeth Carbajal, que está equiparada a magistrada. En octubre de 2020, con fallo a favor de Adaro y Palermo, y el voto en disidencia de José Valerio, avalaron que 22 funcionarios judiciales equiparados en el sueldo a los jueces mantuvieran ese privilegio y no fueran alcanzados por la reforma que impulsó Suarez para regular los salarios en el Poder Judicial. Hoy, según el gobernador, Carbajal, que no rindió para ser juez, cobra tres veces más que el propio Suarez.

El cornejismo también ha mostrado sus cartas en el proceso de reformas puntuales en el poder judicial. En 2017, cuando se debatía en Mendoza una ampliación de la Corte de 7 a 9 integrantes, D´Agostino afirmó que el candidato que llegue a ese puesto en la cúpula judicial no sólo tiene que ser idóneo sino “estar consustanciado con todos los principios que el Poder Ejecutivo ha estado propiciando en pos de una reforma judicial”. Una afirmación que, a su vez, encontró sentido en la defensa de su propio proyecto que hizo Valerio la semana anterior: “Me designaron porque era el promotor de las reformas”.

Ahora, es el mismo tribunal el que tiene que resolver cómo quiere funcionar. Es una salida política que encontró el oficialismo en Diputados bloqueado por sus propios socios. Los supremos se reunieron el jueves para empezar el abordaje, pero con la ausencia de dos de ellos. El proceso de discusión para llegar a una propuesta superadora no será de un día para el otro. Y habrá que ver qué camino intermedio escogen. A la grieta, como de los laberintos, se sale por arriba.

Más allá de estas disidencias públicas, tanto radicales como peronistas se han puesto de acuerdo en las sombras para el nombramiento de decenas de cargos en la Justicia y en la creación de oficinas que no aportan absolutamente nada, pero que incrementan de manera notable el presupuesto. En otras palabras, la Corte, con la anuencia de todos, se ha convertido en una fábrica de ñoquis.

Más allá de los cacareos

Todo proyecto de hegemonía política requiere avanzar sobre la justicia. Esta semana el cristinismo dio su primer paso en la Cámara de Senadores de la Nación con la ampliación de la Corte Suprema de 5 a 15 miembros, pero llegará hasta ahí puesto que no tiene los números para imponerse en Diputados.

En el recinto, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo coincidieron en lo mínimo: la justicia funciona mal. Ambos creen que se necesitan reformas. Pero el único momento en que Sagasti y Cornejo se sentaron a acordar una reforma judicial fue en 2018, cuando el radical era gobernador y derivó en los juicios por jurado, que actualmente se aplican.

A su vez mientras la senadora kirchnerista cuestionaba en Mendoza el intento de cooptación del cornejismo para -según los argumentos del peronismo- tener una mayoría automática, en el Congreso justificó la necesidad de ampliar el máximo tribunal con un contexto que le juega en contra: el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Es inevitable interpretar que en este marco esa iniciativa no tenga una motivación más que para reordenar una mayoría a favor del oficialismo.

De igual forma hoy parece olvidado, pero en 2017 Cornejo intentó su propia ampliación de la Suprema Corte, para llevarla de 7 a 9 miembros. Aquel proyecto tuvo su primera sanción en el Senado, pero el radicalismo lo tuvo que parir. Y luego se frenó en Diputados con el voto negativo de dos aliados, el demócrata Marcos Niven y el fallecido Guillermo Pereyra. En el detrás de escena, se contó que Cornejo no accedió a darles a los demócratas un lugar en esa Corte, lo que empeoró la relación con el PD -luego quedaron fuera de la alianza-.

Pero mientras la lupa está puesta en las cúpulas, lo que sucede en algunos tribunales está lejos de la burbuja política. El ejemplo más concreto se puede observar en el fuero de Familia. Si bien la implementación del sistema de expediente digital mejoró, la demora sigue siendo de dos a tres meses, aún con algunos procesos cortos que deberían salir sin mayores dilaciones. Hoy el problema, según algunos abogados consultados, tiene que ver con la cantidad de empleados. En esos juzgados se tramitan divorcios, tenencias de hijos, cuotas alimentarias y permisos para viajar, verdaderos dramas sociales que están a años luz de lo que se está discutiendo en la Legislatura.