El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó este martes un proyecto en la Legislatura para poder avanzar con la minería en el departamento del sur provincial. En concreto, busca excluir a un sector de su jurisdicción de la prohibición del uso de sustancias químicas, prevista en la conocida ley “antiminera”, la 7.722.
Pese a no contar con el apoyo del gobierno de Rodolfo Suarez, Ojeda pidió avanzar con la minería, a través de la zonificación de la comuna, para diversificar el desarrollo económico del departamento y recaudar fondos para pagar la deuda de la provincia.
“El gobernador sabe que debemos desarrollar minería. La deuda de la provincia se paga con dólares y Mendoza lleva 20 años sin crecimiento económico”, añadió el intendente de Malargüe.
“Pedimos minería para Malargüe. La 7.722 no se toca, esta es una ley específica para Malargüe. No modifica la 7.722″, expresó el jefe comunal, quien dijo que está abierto a que la propuesta sufra modificaciones. Además, aseguró que no pretende un tratamiento exprés.
La presentación fue realizada por mesa de entrada por la senadora Jésica Laferte, esposa del intendente, quien sostuvo que pedirá que sea tratado en la Comisión de Minería. Asimismo, podría analizarse en la de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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“Dentro del departamento, a 10 kilómetros de los ríos, no se podrán usar sustancias químicas. Pedimos que sí podamos hacer minería en el resto de los sectores. Es un departamento que tiene vocación territorial, surgió con la minería”, destacó Ojeda.
“Mi objetivo no es que se apruebe entre gallos y medianoche, se tiene que dar el debate. Si vamos a hacer minería, se necesitan reglas claras para que las inversiones puedan surgir. El proyecto es la mejor alternativa porque resguarda los ríos Atuel, Salado, Grande, Malargüe, Colorado y Barrancas y a sus afluentes. Los vecinos de Alvear y San Rafael duermen tranquilos”, añadió.
Respecto a que el Gobierno no acompañaría esta iniciativa, Ojeda afirmó: “Que seamos del mismo partido no significa que tengamos que pensar lo mismo. En la intimidad sé que el gobernador fue el que presentó la modificación de la 7.722, que fue un desacierto en mi opinión, debería haber comenzado con Malargüe”.
En ese sentido, sostuvo que Suarez no suma su apoyo al proyecto porque “debe tener temor”. Esto en referencia al conflicto social que se generó en 2019 cuando el mandatario intentó modificar la norma “antiminera” y masivas marchas en las calles de Mendoza llevaron al Ejecutivo a dar marcha atrás.
Controles
En caso de aprobarse la ley, el gobernador tendrá 180 días para publicar la cartografía donde se indique las zonas en las cuales se pueden usar las sustancias.
Además, se creará una Comisión Bicameral de Actividades Extractivas para la zona de interés, también prevé la creación de la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, que será financiada con una tasa de fiscalización y control, que la instruye y la crea el mismo proyecto.
Por otra parte, la Comisión Bicameral tendrá que respetar el decreto 820, garantizando la participación ciudadana, especialmente de las ONG.
Por último, frente a proyectos que sean desconocidos por su envergadura para el gobierno provincial, deberán contratar auditorías internacionales con intervención de ONG locales para hacer.