“Es parte de un discurso político”. El diputado nacional Nicolás del Caño usó el caso Johana Chacón para lograr vidriera en medio de una campaña electoral. El hecho data de 2013, pero recién ahora se supo que el mismo funcionario lo había reconocido en el expediente.

Todos los indicios hacen pensar que Johana fue asesinada y enterrada en alguna finca de Lavalle. Esa es la hipótesis más fuerte que se maneja en la justicia local, y prácticamente la única.

De hecho, para los investigadores mendocinos, Mariano Luque es el principal sospechoso por la muerte de la chica de 13 años, pero tampoco hay elementos concretos para relacionarlo con el presunto crimen e imputarlo. Ocurre lo mismo con la desaparición de Soledad Olivera, otra lavallina que, casualmente, estuvo cerca de Luque antes de ser vista por última vez. Sin embargo, las pesquisas no han logrado dar con una prueba que corrobore que también fue asesinada, y Luque por ahora está preso y esperando un juicio en su contra por la privación ilegítima de la libertad de Olivera.

Todos los indicios hacen pensar que Johana Chacón fue asesinada y enterrada en alguna finca de Lavalle.

Existe una causa en los tribunales federales que tiene que ver con la posibilidad de que la adolescente haya sido víctima de una red de trata. Es un expediente abierto a partir de la denuncia hecha por colectivos sociales que motorizaron una búsqueda en este sentido. Hay algunas líneas abiertas, y no se descarta que pueda existir una relación con la hipótesis de la justicia local: que la hayan matado en el contexto de un caso de trata. Ahí, Luque aparece limpio y los investigadores apuntan hacia un escenario diferente, pero aún sin resultados.

Chacón desapareció el 4 de septiembre de 2012. Tenía 13 años y ese día salió de la escuela Virgen del Rosario hasta su casa, en una finca de Tres de Mayo. A partir de ahí, la búsqueda.

Hubo marchas, reclamos, rastrillajes y campañas para encontrarla. De hecho, la foto con su cara suele estar en la salas de embarque de todos los aeropuertos del país. Nada de nada.

A partir de su caso y el de Olivera (28 años cuando despareció) se comenzó a construir un mito vinculado con Lavalle. Que era tierra fértil para el secuestro de mujeres, que habían desaparecido 27 chicas sin que nadie hiciera nada, e incluso apareció la leyenda de la Traffic blanca usada, supuestamente, por los secuestradores. Hasta el momento, nadie ha podido dar al menos una información fehaciente que sirva para argumentar las afirmaciones hechas.

Incluso, en 2013, en medio de la campaña por las elecciones de medio término, el entonces candidato a diputado nacional por el FIT, Nicolás del Caño, aseguró que en el departamento del norte mendocino funcionaba un negocio abocado a la trata de personas con fines sexuales y que contaba con la complicidad de las estructuras políticas, policiales y empresariales de la zona.

“No tengo nada. Es parte de un discurso político. No tengo nada específico”.

Semejante declaración le valió a Del Caño una citación a la Fiscalía de Delitos Complejos. Le preguntaron a qué se había referido con la palabra “negocio”. La respuesta fue al menos imprecisa: “Es de público conocimiento que existen redes de trata y en distintas oportunidades ha sido difundida la complicidad de sectores políticos”.

En la Fiscalía volvieron a insistir en esa dirección. Consultaron al actual legislador nacional y actual precandidato a presidente acerca de nombre de políticos o empresarios que pudiesen figurar en la comisión de un delito semejante. Entonces la respuesta sorprendió: “No tengo nada. Es parte de un discurso político. No tengo nada específico”.

El resto de las preguntas y respuestas fueron similares. Del Caño no conocía a nadie y confirmaba que había hecho tamaña afirmación a partir de lo que fue escuchando en los medios.

El oportunismo político reconocido de manera involuntaria por Del Caño también es parte de una controversia entre la justicia local y la federal. Para los investigadores provinciales existe una tendencia exacerbada de convertir cada hecho de averiguación de paradero en una causa por trata de personas, para que ese modo se activen diferentes tipos de protocolos dispuestos para estas ocasiones. Para los federales, no es más que una política implementada y que le da visualización a un delito que antes estaba oculto y que puede generar nuevas investigaciones.