El juicio oral contra el ex juez federal Walter Ricardo Bento ingresará desde este lunes en su fase más decisiva. Tras más de dos años de debate, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzará a resolver los últimos planteos pendientes de las defensas y dará paso a uno de los momentos más sensibles del proceso: la ronda de las últimas palabras de los imputados, antes de dictar el veredicto que definirá si el magistrado destituido y el resto de los acusados son declarados penalmente responsables.
El cronograma previsto marca que este lunes y martes todos los procesados tendrán derecho a hablar ante el tribunal y realizar las manifestaciones finales que consideren pertinentes.
Antes de ello, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra deberán pronunciarse sobre los pedidos de nulidad formulados por las defensas. Superada esa instancia, el debate quedará en condiciones de sentencia y el desenlace se conocería hacia el final de la semana, entre jueves y viernes.
La expectativa está centrada, una vez más, en la situación de Bento, acusado por la fiscalía de haber liderado durante años una organización criminal enquistada en el fuero federal mendocino, dedicada -según la acusación- al cobro sistemático de sobornos a cambio de beneficios judiciales.
El fallo que se conocerá en los próximos días no incluirá todavía el monto de las penas: en caso de condenas, la fiscalía quedará habilitada a solicitar los años de prisión en una audiencia posterior de cesura.
Un juicio de magnitud inédita
El debate oral comenzó el 26 de julio de 2023 y, hasta estos días, acumula más de 130 audiencias. Cerca de cien jornadas estuvieron dedicadas exclusivamente a la producción de prueba, con la declaración de más de 300 testigos, el análisis de cientos de miles de páginas de documentación y la incorporación de decenas de terabytes de información digital.
Durante el juicio se ventilaron 14 hechos concretos de pago de coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables. El proceso se inició con 33 imputados: tres accedieron a la suspensión del juicio a prueba y otros dos fallecieron. De los 28 restantes, el Ministerio Público Fiscal formuló acusación contra 25 personas.
Además de Bento, están acusados su esposa, uno de sus hijos, abogados, un ex comisario de la Policía de Mendoza, un narco, otros funcionarios judiciales y presuntos sobornadores que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, participaron del circuito de pagos ilegales.
La acusación fiscal
En su alegato, que concluyó tras 29 audiencias, el Ministerio Público Fiscal pidió que Walter Bento sea declarado responsable como jefe de una asociación ilícita y como autor de una extensa lista de delitos: cohecho pasivo agravado, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen ilícito agravado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia judicial y ocultamiento de elementos de prueba, entre otros.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Marcelo Vega, el titular de la PROCELAC Diego Velasco y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel.
Según expusieron, la investigación permitió reconstruir la existencia de una organización criminal activa al menos desde 2007, que funcionaba a partir del ofrecimiento de libertades, arrestos domiciliarios, sobreseimientos, faltas de mérito o recalificaciones a cambio de dinero, inmuebles o vehículos.
De acuerdo con la fiscalía, los arreglos se pactaban con detenidos, imputados o familiares, y siempre bajo la condición de que el beneficio contara con la intervención directa del juez Bento. En su tramo final, el alegato puso especial énfasis en el análisis patrimonial y económico: la PROCELAC estimó que los sobornos percibidos alcanzaron, como mínimo, los 1.700.000 dólares.
El listado de procesados
Además de Bento, el Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal de:
- Jaime Alba (abogado), acusado como organizador de la asociación ilícita y por cohecho activo agravado.
- Luciano Edgardo Ortego (abogado), también señalado como organizador, con seis hechos de cohecho activo agravado.
- José Gabriel Moschetti, ex comisario, acusado como miembro de la asociación ilícita, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público.
- Alejandro Matías Aramayo, Leopoldo Antonio Martín Ríos, Javier Leónidas Angeletti y Luis Francisco Álvarez, abogados acusados como miembros de la asociación ilícita y por diversos hechos de cohecho activo agravado.
- Walter Eduardo Bardinella, condenado por narcotráfico, acusado como miembro de la asociación ilícita y por cohecho activo agravado.
- Marta Isabel Boiza, esposa del ex juez, acusada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica.
- Nahuel Bento, hijo del ex magistrado, acusado por lavado de activos agravado.
- Carlos Federico Barón Knoll (ex Aduana) y Martín Rodolfo Bazán (policía), por cohecho activo agravado.
- Alfredo Aliaga, Francisco Alzogaray, Francisco Nicolás Castro, Walter Aníbal Costa, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y Marcos Adrián Calderón, señalados como sobornadores.
La fiscalía, en cambio, pidió la absolución de Luciano Bento, Octavio Billi y Leandro Emanuel Cirot.
La estrategia de la defensa
Las defensas, encabezadas en el caso de Bento por el abogado Mariano Fragueiro, reclamaron a fines de la semana la absolución total. El planteo se apoyó en tres ejes: la prescripción de 12 hechos, una acusación considerada “incompleta” por no incluir pedido de pena y la supuesta imposibilidad legal de que el tribunal dicte condena en esas condiciones.
Fragueiro sostuvo que doce hechos vinculados a abuso de autoridad y desobediencia judicial prescribieron en noviembre de 2023, al cumplirse dos años desde la destitución de Bento. También cuestionó que la fiscalía haya diferido el pedido de penas para una futura cesura, al entender que en este juicio rige el sistema procesal anterior, que exige la solicitud concreta de sanciones durante el alegato.
En cuanto a las acusaciones patrimoniales, la defensa afirmó que los ingresos del grupo familiar eran compatibles con su nivel de vida y cuestionó el análisis de la fiscalía sobre el origen de los fondos.
El tramo final
Con los alegatos ya concluidos, el juicio entrará en su recta definitiva. Las últimas palabras de los imputados marcarán el cierre formal del debate y dejarán al tribunal en condiciones de deliberar.
El veredicto, que se conocerá entre jueves y viernes, definirá si Bento es declarado culpable o absuelto, junto al resto de los acusados, en la considerada causa de presunta corrupción judicial más relevante que se haya ventilado en Mendoza.