Las casas entregadas por el IPV. Credit: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza ratificó la quita de una vivienda social a un adjudicatario del barrio Paulo VI, en el departamento de Godoy Cruz, tras comprobar que la alquilaba a terceros de manera irregular y que adeudaba una gran cantidad de cuotas. La decisión quedó plasmada mediante un decreto oficial que rechazó el pedido del titular para recuperar el inmueble del Instituto Provincial de la Vivienda.

El caso salió a la luz cuando una persona que habitaba la propiedad desde 2005 avisó a las autoridades del organismo que le pagaba un alquiler al dueño original. El inquilino declaró además que la casa presentaba serios deterioros, por lo que su familia tuvo que encarar los arreglos necesarios y asumir el pago de los impuestos.

Desde el IPV se realizaron inspecciones que confirmaron que el titular no vivía allí y que la casa estaba ocupada por este grupo familiar.

Frente a esta situación, el organismo habitacional constató dos faltas graves que justifican la pérdida del beneficio. Por un lado, la normativa vigente exige que las casas entregadas por el Estado sean habitadas directamente por los beneficiarios y prohíbe su alquiler o cesión. Por otro lado, las revisiones contables detectaron el incumplimiento continuo en el pago del crédito otorgado para la compra del inmueble.

A pesar de los intentos de la apoderada del titular por frenar la medida mediante distintos reclamos administrativos, las áreas legales provinciales concluyeron que las inspecciones aportaron pruebas contundentes. El Gobierno remarcó que las casas sociales buscan cubrir necesidades habitacionales reales y que resulta inadmisible mantener la titularidad cuando no hay residencia ni cumplimiento de los pagos. Con la publicación del decreto, la provincia cerró la vía administrativa y dejó firme el proceso para recuperar la vivienda.