El Gobierno de Mendoza confirmó la desadjudicación de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ubicada en el barrio Eusebio Blanco, en Ciudad. Tras denuncias de los vecinos e inspecciones del organismo provincial se confirmó que no habitaban la casa y eran dueños de una segunda propiedad.
La decisión se conoció este jueves con la publicación del Decreto Nº 1830, mediante el cual el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que continuará la ejecución de la medida dispuesta por el IPV contra una pareja que había sido beneficiada con la entrega de una vivienda en el 2019.
El caso se suma al proceso de revisión que lleva adelante el IPV sobre viviendas sociales que presentan distintos tipos de incumplimientos, una política que incluye controles sobre la ocupación efectiva de los inmuebles, el pago de las cuotas y el uso que se les da a las unidades adjudicadas.
En ese marco, El Sol había informado que, en los últimos meses, el IPV avanzó con la quita de 28 viviendas por situaciones vinculadas con morosidad y alquileres irregulares.
Durante el 2026, el organismo inició 413 expedientes por distintas irregularidades, sin embargo, en buena parte de esos expedientes, los adjudicatarios lograron regularizar su situación, ya sea cancelando o refinanciando la deuda, o resolviendo problemas vinculados con la ocupación de la propiedad.
Qué pasó con la vivienda de Ciudad
El caso involucra a una pareja que había sido beneficiada en el 2019 con la adjudicación de un departamento ubicado en la Torre 2, séptimo piso, departamento 1 del barrio Eusebio Blanco.
De acuerdo con el expediente administrativo, los titulares no ocuparon regularmente la vivienda desde el momento de la adjudicación. Las actuaciones incorporaron denuncias y testimonios de vecinos del complejo, quienes aseguraron que la pareja “nunca vivió” en el departamento y que el inmueble era ocupado por una hermana de uno de los beneficiarios.
El IPV también señaló que los adjudicatarios habían sido advertidos sobre la obligación de habitar la vivienda. Según el contrato de adjudicación, las unidades deben tener una ocupación efectiva e inmediata y se contempla un plazo máximo de 15 días desde la entrega de la posesión.
Pero el expediente incorporó además otro elemento que fue considerado por la administración: un informe del Nuevo Sistema de Información Territorial indicó que los adjudicatarios figuraban como titulares de un inmueble en el barrio Olivos del Torreón, en Maipú, desde noviembre de 2019, el mismo año en que habían recibido la vivienda social.
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El IPV intentó realizar una inspección en esa propiedad, ubicada en un complejo habitacional privado, aunque sus trabajadores no pudieron ingresar. Además, el organismo pidió explicaciones porque en el SINTYS figuraba ese domicilio como residencia real del grupo familiar.
El Gobierno rechazó el reclamo
Los adjudicatarios habían solicitado que se suspendiera la desadjudicación y argumentaron que la medida podía generar un daño de difícil o imposible reparación y afectar su derecho a una vivienda digna.
Los organismos jurídicos que intervinieron rechazaron ese planteo y consideraron que no estaban dadas las condiciones para frenar la medida. Entre otros argumentos, señalaron que los adjudicatarios ya habían accedido a una vivienda a través del IPV y remarcaron el interés público que existe en garantizar que las unidades sociales cumplan con su finalidad habitacional.
Finalmente, el Ejecutivo rechazó el recurso presentado por la pareja y confirmó que continúe la desadjudicación de la vivienda.
El decreto establece además que la decisión agota la instancia administrativa y habilita a los adjudicatarios a recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, que deberá presentarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la notificación.