Nahuel y Luciano Bento están con licencia psiquiátrica desde hace meses, cuando el caso por corrupción estalló en la provincia. Trabajan en los Tribunales Federales –uno como secretario de la Cámara de Apelacionesy el otro es estudiante– y son hijos del cuestionado titular del Juzgado Federal Nº1, Walter Bento.

Los jóvenes, de 30 y 27 años, están imputados en la causa más impactante de los últimos años en Mendoza: su padre –el juez– está procesado como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas para otorgar beneficios a ciertos presos y ellos habrían intervenido en maniobras de lavado de ese dinero proveniente de los actos ilegales.

Por esas acusaciones, los hermanos deben responder ante el juez Eduardo Puigdéngolas. Pero, desde hace meses, ambos vienen esquivando la indagatoria, un acto procesal clave para continuar con el normal desarrollo de una instrucción.

Lo hicieron en marzo luego de presentar certificados firmados por profesionales de la salud mental, asegurando que padecen trastornos relacionados con estrés, y en las últimas horas gracias a sendos informes del Cuerpo Médico Forense (CMF), que recomendó que uno de ellos lo haga de forma remota -Nahuel- y señaló que el otro, Luciano, no estaba en condiciones de ninguna forma.

Estaba previsto que, este miércoles, Nahuel declara en la causa que lo tiene como imputado. Sin embargo, el acto se aplazó una semana. Su abogado defensor señaló que no había podido acceder a las pruebas y por eso pidió una semana más para preparar la defensa.

Nahuel se encuentra en tratamiento psicológico. Durante la entrevista con los profesionales del CMF, refirió que tenía antecedentes compatibles con trastorno de ansiedad. Sin embargo, esto no le impedía acceder a la indagatoria. De todas maneras, adujo que su presencia física en los Tribunales podrían provocarle la aparición de sintomatología ansiosa.

Debido a esto, se sugirió que su declaración sea vía remota.

Lo que no está claro es cuándo será la indagatoria del más chico de los hermanos. Se encuentra suspendida. Los peritos del CMF concluyeron que estaba depresivo y que esto le impedía prestar declaración presencial o remota como imputado en el expediente.

Lo cierto es que estos actos procesales, fundamentales para el futuro de la instrucción, están a medio camino. Hubo maniobras dilatorias en marzo, cuando Nahuel y Luciano estaban citados para responder ante Puigdéngolas –pueden no hacerlo, como derecho constitucional–, y también en estos días, cuando se fijó una nueva audiencia.

El caso llama la atención porque, consultados jueces y fiscales federales y provinciales, no recuerdan una situación similar que impidiera cumplir con este paso.

La consecuencia inmediata luego de la indagatoria sería la posibilidad de una suspensión y, por lo tanto, dejarían de cobrar la totalidad del sueldo como empleados judiciales.

Walter Bento, abogados y hasta personajes marcados por el pago de coimas, forman parte de los 30 sospechosos que tiene la megacausa, bautizada como Bentogate. Desde mayo del año pasado, todos fueron allanados y algunos todavía continúan en la cárcel.

Con el paso de los días, la mujer del magistrado y también sus hijos quedaron en el ojo de la tormenta cuando los acusaron por lavado de dinero.

Desde ese momento, Nahuel y Luciano fueron citados a declarar por adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darle apariencia lícita a dinero proveniente de presuntos actos de cohecho. 

A pesar de que pasaron varios meses, las audiencias no pudieron concretarse.