El Gobierno de Mendoza rechazó el recurso jerárquico presentado por una subcomisario, quien cuestionaba los requisitos exigidos para participar del proceso de ascensos en la fuerza de seguridad provincial.
La resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra Mercedes Rus, ratificó la vigencia de las normativas del Ministerio de Seguridad y Justicia y agotó la vía administrativa en este conflicto.
La controversia comenzó cuando la subcomisario impugnó la resolución que convocaba al personal policial a presentar su auto-propuesta de promoción. La uniformada calificó como “ilegítima y arbitraria” la obligación de haber aprobado el Plan de Acondicionamiento Físico (PAF) correspondiente al año 2024.
Según su postura, esta exigencia menoscababa sus derechos constitucionales al no estar detallada de forma expresa en el artículo 185 de la Ley de Policías N° 6722.
Asesoría de Gobierno avaló el control físico
La Asesoría de Gobierno analizó el reclamo y dictaminó que las resoluciones ministeriales se ajustan por completo al ordenamiento jurídico de las instituciones policiales. El organismo técnico recordó que el Poder Ejecutivo posee la atribución de regular las promociones para cubrir las necesidades de la fuerza, aplicando pautas y límites reglamentarios específicos.
El dictamen oficial ratificó un principio clave de la administración pública al señalar que el ascenso en la carrera estatal no representa un derecho adquirido, sino una mera expectativa. De esta manera, el beneficio queda condicionado al cumplimiento estricto de todos los requisitos legales vigentes al momento de la convocatoria oficial, incluyendo las aptitudes físicas.
El decreto confirmó el rechazo sustancial del recurso e informó a la subcomisario que la decisión cierra la instancia administrativa. A partir de la notificación, la agente dispone de un plazo de treinta días corridos para presentar una Acción Procesal Administrativa ante la Justicia si decide continuar con su reclamo por la vía judicial.