El Gobierno de Mendoza, a través del Decreto N°669 publicado este jueves en el Boletín Oficial, dio un paso firme para concretar el retiro de la María Isabel Del Pópolo, reconocida figura del ámbito sanitario e histórica exsecretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). Mediante esta norma, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para excluirla de su tutela sindical, un requisito previo e indispensable para que la profesional acceda al beneficio previsional.
Del Popolo, quien tiene un cargo en el Área Sanitaria Guaymallén, cumple con todos los requisitos legales de edad y aportes para jubilarse según las leyes vigentes. Sin embargo, el eje de la controversia radica en un Acta Paritaria firmada el 15 de marzo de 2022.
En aquel documento, que posee fuerza de ley para las partes, la médica manifestó su “expreso consentimiento” para iniciar los trámites jubilatorios apenas finalizara su mandato sindical del periodo 2021/2025. Según consta en los expedientes administrativos, la agente no solo omitió presentar la nota de conformidad en los plazos previstos, sino que tampoco ha acreditado el inicio de trámites ante la ANSES, figurando todavía como personal en actividad.
Pese a que la obligación de jubilarse es de carácter general, la calidad de representante gremial de Del Popolo le otorga una protección especial bajo la Ley N°23.551. La jurisprudencia actual establece que el Estado, como empleador, no puede intimar formalmente al retiro a un trabajador con tutela sindical sin obtener antes una autorización judicial.
El dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos fue determinante: para remover lo que consideran un “obstáculo legal” y proceder con el emplazamiento jubilatorio, es necesario que la Justicia disponga la exclusión de su estabilidad gremial.
El decreto de Cornejo ordena que los abogados de la provincia inicien y concluyan las acciones judiciales previstas en los artículos 48, 50 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Con esta medida, el Ejecutivo busca destrabar la situación administrativa y hacer efectivo el compromiso de pase a la pasividad que la profesional asumió hace cuatro años en el marco de las negociaciones paritarias.
Desde Ampros indicaron a El Sol se trata de “sólo retórica del Gobierno para dar un mensaje contra los gremios” y que “se renovó la Comisión en diciembre y todos los que estaban en edad de jubilación salieron y se puso gente joven”.