Tal como adelantó el viernes el ministro Víctor Ibañez, el Gobierno de Mendoza avanzó este lunes contra el pastor evangélico Héctor Bonarrico, luego del escándalo que provocó el otorgamiento de un subsidio que luego dio de baja. La denuncia penal fue presentada en el Ministerio Público Fiscal para que se investigue si hubo comisión de delito en las declaraciones del ex socio político de Cambia Mendoza.

La presentación realizada en el organismo a cargo del procurador Alejandro Gullé apunta a las expresiones del polémico referente religioso y ex senador provincial, quien manifestó que el subsidio por 18 millones de pesos a la Fundación Acción Social que le había otorgado la administración de Rodolfo Suarez se basaba en un acuerdo electoral como socio político del oficialismo.

El escrito se basa en el artículo 326 del Código Procesal Penal de Mendoza ¿Qué señala en concreto este artículo? La facultad de denuncia: “Toda persona que tenga noticia de un delito perseguible de oficio podrá denunciarlo al fiscal de instrucción o a la policía judicial. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga facultad para instar“.

“A partir de dichas declaraciones se formuló la correspondiente denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal a fin de que investigue si ello podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución, atento a que las mismas son manifiestan un destino de los fondos distinto al del objeto establecido en el convenio de referencia“, sostuvo el Gobierno a través de un comunicado.

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En el Ejecutivo entienden, a modo de defensa, que Bonarrico subvirtió en sus dichos el destino de los fondos que se le iban a entregar y desestimaron por completo que se los concediesen como parte de un acuerdo por el que el pastor no iría en las listas electorales de CM.

Así lo explican en sus fundamentos: “En virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto“. De esta manera, la presentación en el organismo judicial sigue la estrategia trazada en el Gobierno desde el viernes. 

En el oficialismo ratificaron que el Gobierno tiene la potestad de suscribir convenios y otorgar subsidios para fines de interés público. De igual manera, recordaron que esos fondos no llegaron a otorgarse puesto que el gobernador Suarez decidió dar de baja de inmediato el convenio cuando se hicieron públicas las declaraciones en una entrevista radial de Bonarrico.

Esta es la tercera denuncia penal que se presenta este lunes por el escándalo de la millonaria asistencia. La primera fue realizada por el Frente de Todos y luego se sumó otra del Partido Verde. 

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