El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA, pidió acelerar el avance del expediente y reclamó que el caso llegue a juicio oral “lo antes posible”. En una entrevista con el programa Opinión, de LVDiez, el funcionario sostuvo que la investigación cuenta con evidencia suficiente para sostener que el ataque fue ejecutado por Hezbolá bajo directivas del régimen iraní, y remarcó que la Fiscalía trabaja desde hace más de dos décadas en esa línea.
Basso explicó que recientemente presentó un dictamen ante el juez de la causa con el objetivo de impulsar nuevas medidas procesales. Según detalló, el documento reúne más de 300 evidencias judiciales que respaldan la acusación contra el grupo terrorista. “No es una hipótesis, es evidencia dura”, afirmó el fiscal, al sostener que Hezbolá actuó como brazo operativo de Irán en el atentado que en 1994 destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires.
En su análisis, el funcionario consideró que el ataque formó parte de una estrategia global del régimen iraní para demostrar capacidad de acción fuera de su territorio. “Este caso fue un acto de hostilidad de guerra que hizo Irán en la Argentina para demostrar que podía llegar a cualquier lugar del mundo”, señaló.
También indicó que el atentado contra la AMIA no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de operaciones terroristas ejecutadas por esa estructura en distintos países.
El fiscal señaló además que el expediente incorpora pruebas que vinculan la planificación del ataque con organismos del Estado iraní, como la Guardia Revolucionaria y su fuerza de operaciones exteriores, así como con estructuras operativas de Hezbolá dedicadas a atentados en el extranjero. En ese marco, mencionó el rol del jefe militar Imad Mughniyeh, a quien la investigación identifica como uno de los principales responsables de la ejecución del atentado.
Basso también se refirió a las múltiples teorías conspirativas que rodean el caso y cuestionó su difusión. Según afirmó, muchas de esas versiones fueron promovidas por intereses vinculados a Irán para desviar la atención de la investigación judicial. “En el caso AMIA hay un racimo de teorías conspirativas de esta naturaleza, muchas de ellas sembradas con la plata de Irán”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que la investigación por el atentado es independiente del juicio por el memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, causa que tramita en otro tribunal.