Marzo del 2006; sólo dos años después de la fundación de Facebook y apenas unos días antes de que en San Francisco, Estado Unidos, viera la luz Twitter. El concepto de “redes sociales” prácticamente no existía, no estaba desarrollado y no generaba un vertiginoso intercambio de información. En ese contexto, tres camaristas mendocinos ponían la firma en una resolución que no está para nada lejos de lo ocurrido con los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo, que atenuaron la pena de un hombre que violó a un niño con el argumento de que el chico era gay.

Fueron Roberto Yanzón, Arlington Uliarte y José Valerio, por aquellos días integrantes de la Segunda Cámara del Crimen. Los últimos dos siguen ejerciendo en la Justicia local y entre todos le dieron forma a un fallo que justificaba el homicidio de una persona por ser homosexual. Textualmente, habían dicho que practicaba una “desviada sexualidad”, y eso les permitía determinar que su conducta era “licenciosa” y que por eso terminó asesinado. Culparon al muerto y dictaron una falta de mérito para el único imputado.

El caso fue uno de los hechos policiales más importantes de los últimos quince años en Mendoza. Ocurrió la noche del 22 de noviembre del 2004 y la víctima había sido el asesor de Gobierno Alejo Hunau. Tenía 33 años y hacía poco se había recibido de licenciado en Comunicación Social.

A Hunau lo encontraron muerto en su departamento varias horas más tarde. Había sido atacado por la espalda y en el lugar había indicios para pensar en que había sido un asalto.

Es cierto que la vida sexual de la víctima sirvió para orientar la investigación. Los pesquisas pusieron la mira en un taxiboy que tenía trato frecuente con Alejo y fueron tras él.

El sospechoso se llamaba Diego Arduino. Las pruebas determinaron que se reunieron aquella noche y que, además de matar a Hunau, también robó algunas de sus pertenencias. Salió del departamento del comunicador, en el pasaje Pedro Vargas –casi Colón– y se fue caminando hacia la calle Arístides Villanueva, hasta el drugstore ubicado en la esquina con Rodríguez. Allí pidió que le tuvieron los objetos robados hasta tanto se normalizara la situación.

“Lo único que les interesaba saber a los tres jueces era si mi hijo era homosexual. Me preguntaban hasta por las revistas que leía”.

La causa estuvo a cargo del juez Carlos Benegas. Mandó a detener a Arduino y lo imputó por homicidio agravado por alevosía. El magistrado entendió que Hunau nunca imaginó que iba a ser atacado; que el homicida aprovechó la confianza que existía entre ellos y que, cuando pudo, lo atacó por la espalda. Así hizo la elevación a juicio.

El expediente fue y volvió dos veces de la Segunda Cámara. Cada vez que el juez imputaba y procesaba (estaba en vigencia el viejo Código Procesal Penal), el tribunal hacía lugar a las apelaciones de la defensa. La tercera fue la vencida y fue cuando la familia de Hunau pidió la recusación de la Cámara.

“Lo único que les interesaba saber a los tres jueces era si mi hijo era homosexual. Me preguntaban hasta por las revistas que leía. Nunca les di el gusto de responderles eso”, recuerda Silvia Ontivero, la mamá de Alejo.

Arduino había sido detenido en enero del 2005 y dejado en libertad por orden de la Segunda Cámara en agosto del mismo año.
Yanzón, Uliarte y Valerio rechazaron la recusación y negaron haber tenido un comportamiento homofóbico pero no pudieron justificar qué intentaron decir cuando escribieron “desviada sexualidad”, una expresión que, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), había puesto de manifiesto lo que se conoce como “homofobia institucional”. Incluso, uno de ellos explicó que una vez había condenado a los homicidas de un gay: “Hago saber que actualmente hay dos personas en la cárcel mendocina purgando sendas condenas a prisión perpetua, por homicidio de un homosexual”.

El caso pasó a la Tercera Cámara del Crimen, que debía decidir si, efectivamente, sus colegas habían discriminado a la víctima y justificado su asesinato.

Omar Palermo (actual juez de la Suprema Corte) fue el preopinante, y sus compañeros Francisco Spaltro y Pedro Funes acompañaron a pesar de las presiones que, tal como se sabía en los pasillos de Tribunales, estaba ejerciendo Arlington Uliarte.

Fue un fallo que le dio la razón a la familia de Hunau y le sacó la jurisdicción del caso a la Segunda Cámara. Se confirmó el procesamiento contra Arduino y se volvió a elevar un pedido de su detención. Finalmente, el acusado fue capturado en octubre del 2006.

El 12 de setiembre del 2007, la Cuarta Cámara del Crimen encontró culpable a Arduino. Cambió la calificación de homicidio agravado a homicidio simple. Lo condenó a 16 años de prisión, sencillamente, porque era un asesino.