La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, hizo este lunes en su perfil de la red social X una fuerte crítica a un área específica de la Suprema Corte de Justicia por la libertad condicional que recibió el malviviente que protagonizó un cruce armado con un policía retirado durante un asalto domiciliario en Corralitos.
El resultado del hecho de inseguridad fue trágico: Héctor Enrique Pelayes y el malviviente Roberto Rolando Pereyra Cruz terminaron muertos con un balazo en el pecho.
Rus habló del trabajo en seguridad y defendió las políticas que vienen implementando en los últimos meses. Y en uno de los posteos apuntó contra la Dirección de Derechos Humanos y Acceso A la Justicia, asegurando que “…solicitó su liberación (la de Pereyra Cruz) haciendo caso omiso a nuestras leyes”.
Para quienes conocen de la interna entre la Justicia y el Ejecutivo por temas de seguridad y los directamente relacionados con los tribunales, Rus se expresó “políticamente” sobre las responsabilidades de la dirección que fue creada y está bajo el ala protectora del ministro del máximo tribunal de Justicia Omar Palermo, que se encuentra a cargo de María Milagros Noli desde hace diez años.
Noli habló con este diario y fue contundente a la hora de responderle a la titular de la cartera de calle Salta de Godoy Cruz, asegurando que le resultaron “llamativas” sus expresiones. “No tenemos facultades sobre las resoluciones que se toman con respecto a la libertad de las personas”, sentenció la funcionaria judicial.
Y explicó, con un repaso cronológico, la intervención de la dirección que tiene a cargo luego de un pedido específico que realizó el propio interno una vez que estuvo en condiciones de solicitar el beneficio de la libertad condicional.
Fuerte crítica del Gobierno a la Justicia por la liberación del delincuente que mató al policía retirado
El asesinado del policía retirado Héctor Enrique Pelayes en un enfrentamiento armado con asaltantes que irrumpieron en su vivienda de calle Godoy Cruz de Guaymallén este domingo por la noche provocó la reacción de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien…
El paso a paso de la intervención
29 de enero de 2016: Roberto Pereyra Cruz ingresa detenido al penal (ingreso primario).
22 de marzo de 2018: Pereyra Cruz es condenado a 12 años y 6 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo, luego de un juicio abreviado que se celebró en la desaparecida Tercera Cámara del Crimen. Luego hubo una aclaratoria del fallo y la pena se fijó en 11 años y medio.
Diciembre de 2022: la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia intervino por primera vez en el caso de Pereyra Cruz. En la comunicación, el Pereyra Cruz, quien, estando alojado en la Unidad IV Gustavo André y con salidas transitorias otorgadas, solicitó iniciar el trámite para obtener la libertad condicional. Noli señaló que cada interno o familiar puede hacer un pedido similar para que se dé comienzo al trámite procesal.
La Dirección envió un oficio a la unidad penitenciaria que lo aloja para que se empiece con la pieza administrativa correspondiente. Como es habitual en estos procedimientos, se ordenaron informes del Consejo Correccional del centro de detención y del Organismo Técnico Criminológico (OTC).
28 de marzo de 2023: el Juzgado Penal Colegiado interviniente, a cargo de Sebastián Sarmiento, solicitó la remisión de informes social y psicológico del Organismo Técnico Criminológico (OTC) como parte del trámite de libertad condicional.
14 de abril de 2023: la Dirección de Derechos Humanos interviene nuevamente tras la comunicación de Pereyra Cruz, solicitando al Juzgado Penal Colegiado que ordene al OTC la remisión de los informes social y psicológico. Esta nueva intervención se debe al tiempo transcurrido desde la solicitud inicial del 28 de marzo, sin que a esa fecha se hubieran concretado los informes requeridos.
26 de abril de 2023: el juez Sarmiento otorga la libertad condicional a Roberto Pereyra Cruz. Al momento de la resolución, contaba con dictámenes favorables del Consejo Correccional tanto para la ampliación de las salidas transitorias como para la libertad condicional.
La fiscalía, a cargo de Javier Martorell, se había opuesto al beneficio durante la audiencia. En su resolución, el juez Sarmiento declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 14 del Código Penal, que prohíbe el otorgamiento de la libertad condicional a las personas condenadas por delitos que prevén prisión perpetua y otros como el homicidio en ocasión de robo. El Ministerio Público no apeló el fallo.
“Somos una dirección que está regulada y tiene claro cuáles son los procedimientos que tiene que realizar. En este caso particular y en otros, no decimos sobre los beneficios o libertades de las personas”, cerró Noli.