Para el Ejecutivo provincial, sólo los herederos de dos puesteros tienen derechos sobre parte del terreno de 12 mil hectáreas que fue asignado a la empresa El Azufre para la construcción de un centro de esquí en la cordillera malargüina. Así se lo hizo saber formalmente a la Fiscalía de Estado, antes de que el órgano de control dictaminara que “no existen objeciones jurídicas” para avanzar con el trámite.

Sin embargo, luego de que saliera a la luz el decreto del Ministerio de Gobierno y la polémica comenzara a crecer como una bola de nieve, surgieron reclamos de otras personas que aseguran que también tienen derechos sobre una porción de los Sectores 1 y 8 de “Campo Potreros de Cordillera – Norte”, donde está proyectado el centro de esquí privado.

Ante esas versiones encontradas, y luego de recibir una denuncia por parte del abogado Ricardo Pont en representación de Antonio Ávila, la Fiscalía de Estado envió este lunes una nota al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, para que ratifique que en esa zona no hay pedidos de puesteros o de pobladores originarios que se “pisen” con los asignados a El Azufre.

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En su presentación, Pont asegura que el puesto ocupado por Ávila, denominado “La Punilla – El Azufre-” y ubicado en paraje Potreros de Cordillera, se superpone parcialmente con el asignado a la empresa.

Lo que el fiscal de Estado, Fernando Simón, busca confirmar es si existe algún trámite iniciado por Ávila en el marco del “Programa de arraigo de Puesteros” (ley 6086) y si, en ese caso, el predio reclamado se ubica dentro de las 12 mil hectáreas entregadas en forma condicional a la compañía.

En su nota a Ibañez, Simon recuerda que el Gobierno expresamente le confirmó que no existen trámites pendientes ni reclamos en el Registro Único de Puesteros vinculados a esa zona de Malargüe. Eso ocurrió antes del dictamen del 22 de diciembre, a través del cual el fiscal avaló la asignación a El Azufre.

Incluso en esa resolución Simón aclaró que “el análisis realizado por esta Fiscalía…, parte de tomar como fehacientes las afirmaciones de los informes y dictámenes de dichos órganos sobre esa documentación y sobre los extremos fácticos a los que se refiere, en tanto resultan fundados, concordantes y no existen en autos elementos que los controviertan”.

Según el Gobierno, que tiene diez días hábiles para responderle a Simón, no existen conflictos legales porque la empresa ya llegó a un acuerdo para la cesión de derechos con los herederos de los únicos dos puesteros que reconoce como asignatarios. Así las cosas, si Ibañez ratifica los datos aportados anteriormente a la Fiscalía de Estado, sólo se dará vista a Ávila sobre esa negativa a sus pretensiones. En cambio, si el Ejecutivo se rectifica y le da la razón al denunciante, Simón podría modificar su dictamen original.

Reclamos

La oposición ha puesto la mira en la asignación del terreno a El Azufre y denuncia irregularidades, entre ellas, la falta de la declaración de impacto ambiental. Sin embargo ese proceso imprescindible de estudios, evaluaciones y aprobaciones ambientales recién debe ser presentado por la empresa cuando avance con su proyecto integral, que contempla una inversión cercana a los 200 millones de dólares.

En tal sentido, la Fiscalía aclaró en su dictamen que no avaló ningún aspecto ambiental relacionado al emprendimiento ya que sólo controló “la legitimidad del procedimiento”. Además explicó que tampoco opinó sobre “cuestiones técnicas… o de mérito, oportunidad o conveniencia”, que quedaron a cargo de diferentes dependencias gubernamentales.

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Las tierras, ubicadas en una zona de glaciares, pertenecen a la Nación pero a fines de la década del 60 fueron cedidas a la provincia, que ahora las asignó a privados para la explotación del lugar y la construcción del primer centro de esquí sustentable del mundo que tendrá, según el proyecto, más de 200 kilómetros de pistas, una temporada de esquí de cinco meses y un funcionamiento total con energías renovables.

Por cuestiones geográficas y climáticas, en el área no hay puesteros asentados en forma permanente. Parte del terreno sólo es utilizado por ellos en la llamada “veranada”, cuando llevan a sus animales para que se alimenten entre diciembre y abril, aproximadamente.

“Se pueden compatibilizar naturalmente ambas actividades: esquiar de junio a octubre y hacer la veranada de diciembre a abril“, destacó un especialista consultado por El Sol.

“Me siento muy afectado”

Según Ávila, son varios los puesteros que llevan animales para “hacer la veranada” en parte del terreno asignado a la firma El Azufre.

“No me opongo a la inversión, pero me siento muy afectado porque hace muchos años ocupamos esas tierras. Las utilizamos para llevar a nuestros animales a la veranada”, aseguró Ávila en diálogo con Canal 9 Televida.

“Hace muchos años, no recuerdo bien cuántos, que tengo la posesión. Hice una solicitud a tierras fiscales para que me escrituren, hace dos años me hicieron una inspección y sigo esperando“, agregó el puestero que presentó la denuncia en Fiscalía de Estado.