La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad se profundiza y las instituciones que prestan servicios en la provincia advierten que la situación es cada vez más crítica. Referentes del sector denunciaron que llevan más de 80 días sin recibir pagos por las prestaciones realizadas, lo que ya impacta en el funcionamiento de los centros y en el salario de los trabajadores.
“Los últimos pagos han sido el 22 de diciembre. Llevamos ya 81 días y eso ha hecho que las instituciones de todo el país no hayamos podido pagar los sueldos de enero y febrero”, afirmó Gustavo Kretschmar, integrante del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y director de la institución Naranjito en diálogo con LVDiez.
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El reclamo se enmarca en la declaración de emergencia del sector, que según los prestadores se está cumpliendo solo de manera parcial. A la falta de pagos se suma otro problema estructural: el atraso en los aranceles que fija el Estado para las prestaciones.
“No se han actualizado los aranceles de acuerdo a lo que indica la ley y estamos alrededor de un 40% por debajo de lo que debería pagarse según la emergencia”, advirtió Kretschmar.
Un sistema al borde del colapso
Las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad —como centros de día y centros educativos terapéuticos— dependen en gran parte de los pagos que llegan a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y otros programas nacionales.
Sin embargo, según los prestadores, la cadena de pagos está interrumpida desde hace meses. “Si venís cobrando cada 90 días y en enero no te pagan, en febrero no te pagan y en marzo tampoco, es imposible sostenerlo”, explicó el referente del sector.
La falta de recursos ya comenzó a generar consecuencias dentro del sistema. “Las instituciones hemos hecho sacrificios enormes, estamos todas endeudadas, sacamos préstamos y sobrepréstamos para sostener los sueldos y el funcionamiento”, señaló.
En Mendoza, el impacto alcanza a decenas de centros que atienden a miles de personas. De acuerdo con los datos del sector, hay 108 instituciones en el sistema provincial que asisten a unas 3.000 personas con discapacidad.
El impacto en las familias
Más allá de las dificultades económicas, los prestadores advierten que el mayor riesgo es el impacto que podría tener la crisis en las personas que dependen de estos servicios.
“Una persona con discapacidad necesita asistencia desde que nace hasta que fallece. Si se rompe ese sistema de contención, hay alguien en la familia que tiene que dejar de trabajar o de estudiar para cuidarla”, explicó Kretschmar
Los centros cumplen un rol clave en la organización familiar. En muchos casos, los usuarios son trasladados por transporte especializado desde sus casas hasta las instituciones, donde reciben atención durante toda la jornada.
“Las instituciones somos, para las familias, una red de auxilio”, resumió el directivo.
Protestas y suspensión de actividades
Frente al escenario crítico, las instituciones, trabajadores y familias comenzaron a coordinar medidas de protesta a nivel nacional.
Según adelantaron desde el sector, habrá cese de actividades en distintos días de la próxima semana, como forma de visibilizar la situación.
“Hoy estamos trabajando sobre la línea de flotación. Todavía no hemos llegado al cierre, pero nunca en la historia se había dado un cese nacional de actividades con instituciones, familias y empleados reclamando juntos”, aseguró Kretschmar.