El cronograma de paritarias en Mendoza sumó durante este jueves definiciones clave Con la aceptación de los representantes de APOC, que nuclean a los trabajadores de la Fiscalía de Estado, la Tesorería General y el Tribunal de Cuentas, ya son seis los sectores de la Administración Pública que han suscrito la propuesta salarial oficial.
La oferta que el Ejecutivo ha logrado consolidar consiste en un incremento salarial dividido en dos tramos: un 7% para el mes de marzo y un 3% para mayo. Según se especificó en las actas, estos aumentos poseen un carácter no acumulativo y se calculan sobre la base fija de los haberes correspondientes a diciembre de 2025.
Con esta última firma, el mapa de acuerdos cerrados queda conformado por el SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.
Marcha atrás y nueva instancia con ATE
En paralelo, el cuerpo paritario oficial mantuvo un encuentro con los representantes de ATE, específicamente para el sector de licenciados en enfermería. La reunión marcó un giro luego de que el Gobierno de Mendoza decidiera reanudar las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo.
Este retorno a las mesas de diálogo se produce después de que la gestión provincial calificara las tratativas con este gremio conducido por Roberto Macho como “un fracaso” y deslizara la posibilidad de aplicar los aumentos mediante decreto.
Sin embargo, se presentó formalmente el esquema de 7% en marzo y 3% en mayo, propuesta que los representantes gremiales llevaron para ser puesta a consideración de las bases. Se espera una respuesta definitiva en el próximo encuentro.
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AMProS exige la apertura de la Comisión Negociadora
En el otro extremo de la mesa paritaria se encuentra la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), el gremio que se le plantó al Ejecutivo exigiendo la reapertura formal de las negociaciones. Mediante una solicitud dirigida al ministro de Gobierno, Natalio Mema, el sindicato exigió la inmediata convocatoria de la Comisión Negociadora bajo los términos de la Ley 7759.
Desde AMProS remarcaron que este pedido busca asegurar el respeto de las garantías de libertad sindical y negociación colectiva. La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, fue categórica al respecto: “La apertura formal de la Comisión Negociadora constituye el ámbito legalmente previsto para el tratamiento de las cuestiones laborales y salariales del sector, permitiendo canalizar los planteos y propuestas de manera institucional”.
Iturbe subrayó que el sindicato espera una “respuesta contundente” por parte del Gobierno para los profesionales de la salud, marcando una postura de resistencia frente al esquema que otros sectores ya han aceptado, y priorizando el resguardo de los mecanismos institucionales vigentes.