La difusión de un informe oficial sobre el impacto económico de la Vendimia y los festivales del verano en Mendoza abrió un frente incómodo para el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias que conduce Tadeo García Zalazar.
A pesar de la polémica generada por la contratación del estudio, la cartera provincial evitó dar explicaciones públicas al respecto.
Por su parte, el concejal camporista de Godoy Cruz, Martín González, presentó una denuncia ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para que se investiguen posibles irregularidades e incompatibilidades vinculadas con la elaboración del informe.
La presentación solicita que se analicen posibles “violaciones al régimen de incompatibilidades del empleo público y eventuales conflictos de intereses” vinculados con la elaboración del informe difundido por la Subsecretaría de Cultura expuestas a través de una nota publicada por El Sol.
Según se detalla en la nota, el trabajo habría sido realizado por la consultora Estudios.S, dirigida por Mariano Peroni, quien se desempeña al mismo tiempo como empleado de la Dirección de Industrias Creativas dentro de la propia Subsecretaría de Cultura.
La normativa vigente establece que los agentes estatales no pueden actuar como proveedores del Estado ni prestar servicios a organismos públicos cuando existe relación directa con sus funciones o cuando se configura un posible conflicto de intereses.
En la denuncia presentada ante Ética Pública, se aclara que “Peroni tiene una adscripción a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia por el 2026, mediante Decreto 398, aprobada desde la Municipalidad de Godoy Cruz, lo que comprueba su origen en la Secretaría de Desarrollo Humano de Godoy Cruz”.
Facturación y posibles incompatibilidades
Otro de los puntos que motivaron la denuncia está vinculado al pago del informe. De acuerdo con la información brindada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca a El Sol, el trabajo no fue abonado a la consultora sino a dos consultores externos: Andrea Gelvez y Pablo Potaschner.
El monto total del estudio fue de 3,6 millones de pesos, facturado en tres pagos. En la presentación ante Ética Pública se advierte que Gelvez es personal de planta de la Municipalidad de Godoy Cruz, lo que podría generar una incompatibilidad para percibir honorarios por servicios prestados a otro organismo estatal, según el régimen de empleo público.
El documento también plantea que, de confirmarse los hechos, podría existir una triangulación en la facturación para eludir las restricciones legales que pesan sobre los agentes del Estado al momento de contratar con organismos públicos.
Silencio oficial
Desde el ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE evitaron dar declaraciones sobre el proceso de contratación y los vínculos entre los profesionales involucrados y Cultura, siendo que es el organismo que difundió el informe.
Ahora, la Oficina de Ética Pública deberá analizar la documentación presentada y determinar si corresponde avanzar con una investigación para establecer posibles responsabilidades administrativas o incumplimientos en el ejercicio de la función pública.