La difusión de un informe sobre los costos de los festivales en la temporada de verano de Mendoza dejó al descubierto una maniobra que involucra a funcionarios y empleados de Cultura de la provincia y de la Municipalidad de Godoy Cruz, que actuaron por fuera de la normativa sobre ética y responsabilidad en la función pública.
La Subsecretaría de Cultura presentó un informe oficial sobre el impacto de la Vendimia y los festivales en Mendoza, que había sido elaborado por una consultora denominada Estudios.S que, según diversas redes sociales y la plataforma LinkedIn, fue conformada en el 2020 y es dirigida por el sociólogo Mariano Peroni, actual empleado de la Dirección de Industrias Creativas. Incluso, en los perfiles personales de Peroni se observa el logo de la empresa que realizó el estudio.
El Estatuto del Empleado Público provincial (decreto ley 560/793) establece en su artículo 14 (incisos b y c) que los funcionarios o agentes no pueden actuar como proveedores del Estado ni prestar servicios a organismos públicos cuando exista relación directa con su función o cuando la actividad pueda generar un conflicto de intereses. Tampoco pueden gestionar contratos o beneficios ante la administración pública para sí o para terceros mientras se desempeñan en un cargo público.
La difusión del informe ante los medios estuvo a cargo del subsecretario de Cultura, Diego Gareca; el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara; Mauricio Peroni y dos consultores externos, Andrea Gelvez y Pablo Potaschner.
El dato sobre la autoría del estudio habría pasado desapercibido sino fuera por la inclusión del logo de la consultora Estudios.S. El texto compartido mencionaba como responsables del estudio a Peroni, Gelvez y Potaschner.
No es la primera vez que la consultora participa en trabajos vinculados al área cultural de la provincia. En 2024 intervino en un relevamiento destinado a recopilar información sobre las características y condiciones de los emprendedores de las industrias creativas de Mendoza, un estudio impulsado por la propia Dirección de Industrias Creativas para elaborar un diagnóstico del sector. Esta participación previa refuerza el vínculo entre la consultora y el organismo que posteriormente presentó el informe sobre el impacto de la Vendimia y los festivales.
El Sol consultó al subsecretario de Cultura sobre el costo y el pago que se realizó a la empresa que figuraba como responsable del estudio provincial. Tanto Diego Gareca como el director de Industrias Creativas, Sebastián Ladrón de Guevara, confirmaron que Mauricio Peroni es empleado y, a la vez, director de Estudios.S, pero el pago del estudio se realizó de forma individual a Gelvez y Potaschner, ya que la empresa “no estaba formalizada”.
Avatar 3 ya tiene fecha de estreno en el streaming: cuándo llega a Disney+
Después de recaudar cerca de 1.500 millones de dólares, “Avatar: Fuego y ceniza”, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron, está lista para desembarcar en el streaming. La película llegará a Disney+ este miércoles 24 de junio,…
Según lo informado por Gareca, los dos consultores externos cobraron $3.600.000 (divididos en tres facturas consecutivas de $1.200.000) por el estudio realizado. Además, aclaró que “ni Peroni, ni Ladrón de Guevara cobraron”, lo cual, en el caso de Peroni genera interrogantes debido a que es el director de la consultora que llevó a cabo el estudio.
La trama en torno al informe presentado se complejiza teniendo en cuenta que Andrea Gelvez fue concejal de Godoy Cruz y funcionaria en distintos cargos de diversas gestiones de los últimos 15 años. La socióloga fue parte del equipo técnico que realizó el estudio y percibió 3,6 millones de pesos por el servicio prestado, según confirmó Gareca a este medio.
Dado que Gelvez es personal de planta profesional del Observatorio de Seguridad dependiente de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana de Godoy Cruz, no puede facturar por un servicio realizado en otra dependencia estatal.
En Mendoza, la situación planteada en relación a Peroni y Gelvez no sólo está alcanzada por el Estatuto del Empleado Público, sino también por la normativa sobre ética y responsabilidad en la función pública, que establece límites claros a la participación de funcionarios y agentes estatales en contrataciones vinculadas al propio Estado debido a la incompatibilidad que presenta.
Estas normas buscan evitar conflictos de intereses y regulan las incompatibilidades cuando un empleado público mantiene actividades privadas o presta servicios remunerados a organismos estatales.