Detrás de las postales de viñedos al pie de la Cordillera y las etiquetas que cosechan elogios internacionales, la vitivinicultura mendocina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Esta vez el epicentro no está en las heladas tardías ni en el precio de la uva, sino en los tribunales.
Bodegas centenarias, cooperativas que agrupan a miles de productores y algunas de las firmas más prestigiosas de la industria madre de Mendoza protagonizan hoy expedientes civiles, comerciales y penales que revelan una transición estructural donde crujen las viejas alianzas comerciales y se resquebraja la clásica administración de las empresas familiares.
Desde querellas sucesorias que sientan precedentes en materia de género hasta acuerdos de tregua financiera para evitar la quiebra, pasando por megaconcursos preventivos, causas por balances falsos y demandas por administración fraudulenta. Cinco casos que, cada uno a su manera, ilustran las distintas caras de las tensiones que el sector supo disimular durante años.
Conflicto hereditario y precedente de género: la disputa en la familia Zuccardi
El conflicto por el patrimonio de la familia Zuccardi es uno de los litigios sucesorios más relevantes de los últimos años en Mendoza. El origen se remonta a la distribución anticipada de bienes realizada entre a comienzos de los años 90 por los fundadores Alberto Victorio Zuccardi y Ema Cartellone.
En aquel reparto, José Alberto Zuccardi recibió la participación mayoritaria en La Agrícola S.A., empresa que con el tiempo se convertiría en el principal núcleo del negocio vitivinícola familiar. Sus hermanas, María Cristina y Ema Inés, quedaron vinculadas a otras sociedades y recibieron, además, compensaciones diferidas en litros de vino blanco.
Esa distribución patrimonial se convirtió en el centro de una disputa judicial. En 2018, cuatro años después de la muerte del fundador, María Cristina Zuccardi impulsó una demanda alegando la vulneración flagrante de su porción legítima hereditaria.
En agosto de 2024, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó dos decisiones anteriores y condenó a José Alberto Zuccardi a pagarle a su hermana una suma de 12 millones de dólares más intereses.
El fallo incorporó de manera expresa la perspectiva de género y sostuvo que en la distribución patrimonial existió una postergación vinculada con estereotipos que privilegiaron al hijo varón en la conducción de la principal empresa familiar.
La disputa, sin embargo, todavía no terminó. José Zuccardi llevó el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja que el máximo tribunal aceptó analizar.
En paralelo, existe una causa penal iniciada a partir de una denuncia de Cristina Zuccardi por presunta insolvencia fraudulenta. La acusación sostiene que se habrían realizado operaciones patrimoniales destinadas a dificultar el cumplimiento de la condena civil.
José Zuccardi fue sobreseído en esa investigación, aunque la resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la querella. Entre los argumentos considerados estuvo que el delito investigado requiere una sentencia civil firme, una condición que continúa siendo materia de discusión judicial.
Reestructuración y tregua financiera en Bodegas Bianchi
Bodegas Bianchi, fundada en San Rafael en 1928, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Una de las pocas firmas de peso que sigue en manos de la familia fundadora acumuló un importante nivel de endeudamiento y optó por intentar una salida negociada con sus acreedores antes que recurrir al concurso preventivo.
La empresa llegó a registrar un pasivo bancario consolidado de entre $17.000 y $18.500 millones, distribuido entre más de una docena de entidades financieras. A eso se sumaron más de 200 cheques rechazados por un monto superior a los $1.600 millones, según los registros del Banco Central.
En lugar de presentarse en concurso, la compañía buscó una reestructuración privada. En junio pasado consiguió que sus principales acreedores financieros adhirieran a un acuerdo de standstill, una suerte de tregua durante la cual se suspenden determinadas acciones de cobro mientras se negocia el reperfilamiento de la deuda.
La necesidad de obtener liquidez también llevó a la venta de una finca histórica en San Rafael y a la intervención de sociedades de garantía recíproca que habían avalado parte de sus Obligaciones Negociables PyME.
La reestructuración tuvo además un costo laboral. La empresa desvinculó a 17 trabajadores y puso en marcha un programa de retiros voluntarios que podría reducir todavía más una estructura que en otros momentos llegó a superar los 300 empleados. La conducción sostiene, sin embargo, que la actividad productiva, comercial y exportadora continúa desarrollándose con normalidad.
El mega concurso preventivo y la causa penal en Bodega Norton
Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton y adquirida en 1989 por el grupo austríaco Swarovski, Bodega Norton llegó a ubicarse entre las cinco mayores exportadoras de vino del país. Por ese motivo, la formalización del concurso preventivo de acreedores a fines de octubre de 2025 tuvo un fuerte impacto dentro de la industria.
La empresa ingresó al proceso con un pasivo verificado que, según las estimaciones incorporadas al expediente, se ubica entre los 30 y 45 millones de dólares. La nómina supera los 450 acreedores e incluye proveedores de uva, empacadoras, empresas de servicios, operadores logísticos y bancos. También acumula más de 355 cheques rechazados por unos $4.530 millones.
Detrás de la crisis financiera aparece, además, un conflicto societario que se profundizó después de la muerte del accionista principal, el empresario austríaco Gernot Langes-Swarovski, en 2021.
Dos años después, la fundación europea que controla el 60% de las acciones desplazó de la conducción ejecutiva a Michael Halstrick, titular del 40% restante y quien había sido CEO de la bodega durante aproximadamente tres décadas. Su salida derivó en un reclamo judicial por una indemnización laboral y societaria estimada entre 12 y 15 millones de dólares. Ese crédito constituye el mayor reclamo individual dentro del concurso.
Pero el expediente Norton tiene además una derivación penal. La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a tres directivos de la bodega y a un representante de la SGR Acindar Pymes por una presunta maniobra defraudatoria.
La investigación se concentra, entre otros aspectos, en seis cheques por $955 millones que Norton emitió a favor de la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud un día antes de solicitar el concurso. Los documentos estaban destinados a cancelar una deuda vinculada con la compra de vino.
La hipótesis fiscal sostiene que esa operación pudo haber mejorado la posición de Acindar frente a la inminencia del concurso y perjudicado a la cooperativa. Desde la bodega rechazaron cualquier irregularidad y sostuvieron que el proceso de reorganización avanza de acuerdo con lo previsto.
El concurso todavía tiene un largo recorrido. Según el cronograma previsto por la sindicatura, en octubre de 2026 se presentará el informe general de deudas, en febrero de 2027 se determinará el pasivo consolidado y recién entre abril y septiembre de 2027 se abrirá el período de exclusividad para votar la propuesta de pago a los acreedores.
Fecovita e Iberte, “la guerra del vino”
El conflicto entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) e Iberte, vinculada al empresario español Juan José Retamero, comenzó como una disputa comercial y hoy se conoce como “la guerra del vino”.
El enfrentamiento surgió en 2022 con la ruptura de la relación comercial que ambas partes habían construido alrededor de Evisa, una sociedad creada para comercializar vino y mosto en Europa. Desde entonces, las acusaciones cruzadas se multiplicaron.
Iberte sostiene que invirtió cerca de 32 millones de dólares y acusa a directivos de Fecovita de haber desviado fondos hacia cuentas propias bajo la figura de anticipos por productos que nunca habrían sido entregados.
A partir de esa hipótesis se abrieron varias causas penales. Entre las acusaciones se destaca el falseamiento de balances correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024. Los dos primeros expedientes ya cuentan con pedidos de elevación a juicio oral, después de una pericia que detectó, según la acusación, pasivos ocultos por más de 100 millones de dólares.
Fecovita rechaza esa interpretación y sostiene que existió un desequilibrio deliberado en las entregas y en las rendiciones de cuentas que tuvo como objetivo asfixiar financieramente a la cooperativa.
La disputa también cambió de escenario. Fecovita llevó parte de su ofensiva a la Justicia federal porteña y presentó una denuncia penal en Comodoro Py contra Retamero y su socio local, Guillermo García, por presunto lavado de activos.
La cooperativa sostiene que detrás de la relación comercial existió una maniobra destinada a perjudicarla económicamente. La investigación analiza transferencias y operaciones por más de $1.000 millones realizadas durante 2021 y 2022, cuando Fecovita tenía el control de Evisa. En las últimas semanas, el juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los denunciados.
Desde el entorno de Retamero rechazaron la denuncia, remarcaron que hasta el momento no existe ninguna persona imputada en esa causa y sostuvieron que las operaciones cuestionadas fueron realizadas dentro del sistema financiero formal. En tal sentido, la empresa interpreta la presentación de Fecovita como una estrategia defensiva frente al avance de las investigaciones por presunto falseamiento de balances.
Mientras tanto, otra parte del conflicto se dirime en el ámbito arbitral. El Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tiene a su cargo una pericia contable integral que deberá determinar las obligaciones económicas de cada parte y establecer quién resulta acreedor y quién deudor en la relación comercial original.
La acusación por administración fraudulenta en Bodega Monteviejo
Bodega Monteviejo, fundada en 1998 por la francesa Catherine Péré-Vergé dentro del proyecto Clos de los Siete en el Valle de Uco, construyó buena parte de su prestigio internacional de la mano de Marcelo Pelleriti, el enólogo que condujo sus vinos durante más de dos décadas y que se convirtió en el primer profesional argentino en obtener 100 puntos de Robert Parker.
Esa relación terminó de manera conflictiva y hoy se encuentra judicializada en los fueros civil, laboral y penal.
La bodega, conducida por Elise Trebier, denunció a Pelleriti por presunta administración fraudulenta. El fiscal Juan Ticheli lo imputó formalmente y la investigación intenta determinar si durante su gestión existieron operaciones que provocaron un perjuicio patrimonial para la compañía.
Uno de los ejes de la pesquisa apunta a la salida de volúmenes de vino de alta gama hacia sociedades comerciales vinculadas al enólogo. Según la acusación, esas operaciones de exportación habrían sido canceladas contablemente mediante notas de crédito internas, sin una contraprestación financiera equivalente para la bodega.
El segundo eje está relacionado con un préstamo intersocietario otorgado por Monteviejo a otra empresa vinculada a Pelleriti. La investigación analiza que el propio enólogo habría intervenido en ambos extremos de la operación: como representante de quien otorgaba el préstamo y como socio de la firma que lo recibía.
Según la denuncia, el dinero no habría sido devuelto ni reclamado durante años.
Pelleriti rechaza las acusaciones y sostiene que su función dentro de Monteviejo estaba vinculada exclusivamente con la dirección enológica y técnica. Según su versión, la administración financiera y contable estaba en manos del personal administrativo de la bodega y bajo supervisión de los auditores del grupo francés.
El enólogo también sostiene que el conflicto se originó a partir de una propuesta de la empresa para quedarse con el 100% de su emprendimiento a cambio de una participación minoritaria en Monteviejo. Pelleriti rechazó esa propuesta y asegura que su salida posterior fue forzada.
El enfrentamiento continúa además por otras vías. Monteviejo reclama fondos vinculados con exportaciones que, según la empresa, no fueron liquidados, mientras que Pelleriti inició una demanda laboral por despido injustificado.
Cinco expedientes y una industria que cambia
Los cinco casos no tienen la misma dimensión ni responden a una única causa. Tampoco permiten hablar, por sí solos, de una crisis generalizada de la vitivinicultura mendocina. Pero puestos en perspectiva, muestran algo que trasciende a cada expediente.
La industria que durante décadas se apoyó en empresas familiares, sociedades cerradas, relaciones comerciales de largo plazo y patrimonios construidos generación tras generación enfrenta ahora un escenario diferente. Las deudas se volvieron más difíciles de refinanciar, las sociedades comerciales tienen nuevos equilibrios de poder y las sucesiones familiares pueden poner en discusión decisiones tomadas décadas atrás.
Así, detrás de las botellas, las etiquetas y las postales de los viñedos, también se está librando otra batalla por el control, el patrimonio y la supervivencia de algunas de las estructuras más emblemáticas de la vitivinicultura mendocina.