El Ministerio de Justicia de la Nación llevó a cabo una reestructuración del sistema de trámites de vehículos mediante la Resolución 412/2026. La norma, que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.
Esta medida se inscribe dentro del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, una iniciativa oficial de largo alcance orientada a modernizar, desburocratizar y dotar de mayor eficiencia y accesibilidad a todo el modelo de gestión de patentes y transferencias en el país.
Uno de los pilares de esta reforma es la simplificación de los costos para los usuarios a través del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA). Este módulo, creado recientemente por el ministerio, funciona como una unidad de medida estándar que permite calcular de manera uniforme el valor de cada trámite, eliminando la vieja discrecionalidad.
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La nueva reglamentación logra reducir en un 40% el número total de cargos y cánones vigentes. Asimismo, las tablas arancelarias anteriores fueron completamente reemplazadas por categorías fijas: los anexos de aranceles generales ahora se estructuran en ocho categorías uniformes, mientras que los restantes se organizaron en seis y cuatro categorías respectivamente.
Por otra parte, la resolución redefine por completo la estructura de ingresos de los encargados de los Registros Seccionales, modificando un régimen que llevaba más de una década sin cambios estructurales.
A partir de ahora, para determinar el emolumento mensual que percibe cada registrador por su labor, se aplicará una fórmula de descuentos directos sobre la recaudación bruta de la oficina.
En primer lugar, se deducirá el equivalente a tres módulos MRPA por cada trámite de certificación de firmas o validación remota realizado en el mes. En segundo lugar, se restará el total de lo recaudado por ciertos aranceles específicos contemplados en los anexos. Finalmente, se descontará el costo neto de los insumos y elementos físicos registrales efectivamente utilizados en ese período, tales como las chapas patentes y las cédulas de identificación de los vehículos.
Una vez realizadas estas deducciones de carácter operativo, el esquema fija una escala de ingresos con topes sumamente estrictos sobre el dinero remanente. El encargado del registro se quedará con el 100% de ese saldo neto hasta un límite de 16 millones de pesos. Si la recaudación supera ese umbral, el funcionario solo podrá percibir un adicional equivalente al 25% de los montos excedentes.
Sin embargo, el esquema establece un límite infranqueable: bajo ningún concepto la retribución final del encargado podrá superar el tope máximo absoluto de 40 millones de pesos mensuales. Cualquier suma excedente por encima de este límite no podrá ser retenida por la oficina seccional y deberá ser transferida de manera directa a las arcas del Ministerio de Justicia.