El hombre de 83 está desaparecido.

Un hombre de 50 años fue detenido el martes por la noche y será imputado por el presunto homicidio de un jubilado de 83 años que permanece desaparecido desde el 9 de marzo en Guaymallén. Para los investigadores policiales y judiciales, ya no se trata de una averiguación de paradero: sostienen que la víctima fue asesinada, aunque su cuerpo aún no ha sido hallado.

Se trata de Gonzalo Damián González, quien fue capturado por efectivos de Investigaciones y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos. La imputación formal fue postergada para este jueves, instancia en la que será acusado por homicidio en base a los indicios reunidos durante la pesquisa.

La víctima, identificada como José Teodoro Massó, fue vista por última vez en horas de la noche del día entre Rodeo de la Cruz y la plaza Independencia de Ciudad. El teléfono también se apagó. A partir de su desaparición se activó una intensa búsqueda que, con el correr de los días, derivó en una causa penal con un giro más grave, a partir de los elementos recolectados.

Uno de los puntos clave de la investigación fue el hallazgo del vehículo del hombre desaparecido, un Chevrolet Corsa gris, que fue secuestrado en un taller mecánico ubicado en la intersección de San Martín y Besares, en Luján. Según se pudo establecer, el rodado había sido dejado allí por el ahora detenido.

En el interior del auto, personal de Policía Científica detectó y levantó múltiples rastros de sangre, tanto en sectores externos como internos. Las pericias se concentraron en el baúl, alfombras y el zócalo trasero, además de otros indicios como huellas papilares y fragmentos de precintos. Estos elementos alimentaron la teoría de que Massó habría sido privado de la libertad dentro de su propio vehículo.

En paralelo, los pesquisas avanzaron con un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en el barrio Mebna de San Martín. Allí secuestraron teléfonos celulares, una computadora portátil y prendas de vestir, que serán sometidas a peritajes y cotejadas con registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad.

Con este cuadro probatorio, la fiscal Ríos se encaminaba a formalizar la imputación contra González, en una causa que mantiene como principal incógnita el paradero del cuerpo, mientras los detectives profundizaban las medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias del hecho.