El sistema penal de Mendoza se convirtió en el teatro de operaciones de una guerra de todos contra todos, donde, además de buscar optimizar los tiempos procesales, está en juego el poder territorial que cada magistrado busca imponer en el Poder Judicial. Los cruces se dan entre ministro de la Suprema Corte, el Procurador y los fiscales, los jueces colegiados y los abogados que forman parte de los expedientes.
En la idea de buscar mayor efectividad en el avance de las causas, se establecieron parámetros para las audiencias orales que generaron rechazos por la rigurosidad que se pretende imponer.
La idea original es del supremo José Valerio, coordinador del Fuero Penal, y quien tiene como objetivo terminar con la burocracia de los expedientes escritos y pasar ese ámbito a la oralidad plena. La idea está tomada del modelo chileno.
Sin embargo, el cambio, más allá de la cuestión de horarios y la disponibilidad de personal, está atravesado por una resistencia casi cultural entre los magistrados. A eso, se agregan cuestiones vinculadas con las instalaciones, la logística y la comodidad de los abogados. La mayoría tiene los estudios en las cercanías del Palacio Judicial, lejos del Polo y la presencialidad provoca algo de rebeldía.
Enfrente aparece la Procuración, con Alejandro Gullé a la cabeza. Los fiscales que están a su cargo le han puesto las quejas porque, entienden, no dan los tiempos para cumplir con las audiencias y, a la vez, seguir con las tareas propias de seguimiento de las causas.
“El actual esquema de audiencias ha llevado a una situación de gravedad a los fiscales en la medida en que afecta su labor investigativa, toda vez que asumen una cantidad de audiencias diarias en un ritmo insostenible de mantener”, se lee en la resolución 395/2024 de la Procuración fechada el 21 de agosto, que determinó que los fiscales de turno no participen de las audiencias.
¿A quién le apuntan? A las Oficinas de Gestión Administrativa Penal, conocida en los pasillos como “la OGAP”, hoy señalada como la fuente de todos los males para jueces y fiscales. Y le ponen nombre y apellido: Rubén Mattiusso, un auditor interno convertido en una suerte de Torquemada tribunalicio.
Lo dispuesto por Gullé tuvo una contramedida que, lejos de aflojar la tensión en la pulseada, dobló la apuesta. A la hora establecida por la OGAP se prenden las cámaras, se activa el sistema de grabación y comienza la audiencia, esté quien esté. Y, si no hay nadie, aparecerán los espacios vacíos y un silencio testimonial.
Margen de tolerancia: 15 minutos. Si no se presentan las partes en ese lapso, se da por caída la audiencia. Y detrás de ello, una suerte de sumario administrativo que determinará productividad y efectividad de quienes integran la comunidad judicial penal.
“No siempre hay suficiente personal penitenciario para llevar y traer detenidos. Y a veces es necesario esperar. O puede que un fiscal esté justo con alguna causa importante y tiene que tomar una decisión. O quizá justo alguien fue al baño”, afirmó un juez colegiado.
Por caso, la semana pasada hubo un llamado de atención por una audiencia que debía arrancar a las ocho de la mañana y cuya grabación comenzó cuatro minutos más tarde.
Los abogados también pusieron sus quejas y jugaron su carta política.
Los reclamos llegaron al despecho de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia porque saben que entre el titular del máximo tribunal, Dalmiro Garay, y Valerio está abierta una temporada de rispideces.
Son los dos ministros que alguna vez fueron identificados con el ala radical de la Corte y cercanos al oficialismo. De hecho, los dos fueron elegidos por Alfredo Cornejo en su primera gestión como gobernador. Pero ese romance no tiene más cabida.
Garay se mueve como una suerte de equilibrista para no entrar en conflicto con el Ejecutivo. Valerio, en cambio, ha decidido mostrarse más beligerante para profundizar reformas en un sistema que está a punto de colapsar por tres factores claves: falta de personal, falta de voluntad para cambiar con los tiempos de la Justicia, y por la puja de poderes internos.