Tras su reelección como presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hasta 2027, Dalmiro Garay Cueli visitó los estudios de LVDiez y conversó con el programa Opinión. En una entrevista extensa, analizó los desafíos del cargo, la modernización del Poder Judicial, la gestión presupuestaria, las tensiones políticas y la percepción ciudadana sobre la Justicia.
Uno de los temas más importantesa los que se refirió está vinculado a los sueldos de los magistrados y explicó los motivos por los que son más altos que en otros poderes del Estado.
“Los jueces son abogados, que no pueden ejercer más el comercio. Y como va a impartir justicia, y en impartir justicia muchas veces genera la decisión de tensiones entre intereses. Conceptualmente, lo que se ha entendido era que el juez tiene que vivir bien y tiene que cobrar bien para no tener ningún tipo de distracción, de falta de independencia y en cuestiones que no puede llegar a fin de mes”, señaló Garya.
Sin embargo, a pesar de esto, el presidente de la Suprema Corte confirmó cuánto cobran los magistrados en Mendoza. “un juez de paz, un juez civil en Mendoza sin antigüedad, gana 2,4 millones pesos. Así empieza la carrera.
Son sueldos altos, pero tampoco es que se ganen 20 millones” y agregó que el mismo percibe una remuneración neta de alrededor de 7,8 millones.
Además, se refirió al fallo que reconoció la no aplicación de la cláusula C, un “enganche” que permitía que los sueldos de los funcionarios judiciales se despegaran de los magistrados. Sin embargo, la sentencia no establece el monto a reconocer, sino que obliga a las partes a una nueva instancia de negociación.
“La visión que tuvimos nosotros en ese momento es que la cláusula no era operativa, como estaba escrita, y que era programática. Entonces, nosotros como jueces no podíamos ordenar una recomposición salarial, porque eso es una facultad del Poder Legislativo. Lo que nosotros dijimos es que no es como dice el gremio que una cláusula operativa que genere inmediatamente saltos, pero tampoco es como dice el Gobierno, una cláusula de buenos deseos. Por eso condenamos a que le haga una oferta“, indicó.
Las reformas
Consultado sobre qué implica ser presidente de la Corte, Garay explicó que el rol combina representación institucional y conducción operativa. Si bien las decisiones clave recaen en el pleno y en la sala administrativa, el titular del tribunal organiza el orden del día, convoca las reuniones y coordina los equipos de trabajo. Desde la modificación de la ley orgánica, además, el presidente volvió a tener funciones jurisdiccionales, lo que —según remarcó— incrementa la carga laboral.
“Lo interesante de la presidencia es la posibilidad de impulsar reformas”, señaló. Garay, que fue ministro del Gobierno de Alfredo Cornejo antes de su llegada al Poder Judicial, destacó que su experiencia en la función pública le despertó el interés por liderar procesos de modernización. Sin embargo, reconoció que no todos los ministros desean asumir ese rol: “Hay integrantes del tribunal a quienes les apasiona el trabajo estrictamente jurisdiccional y prefieren no ocupar la presidencia”.
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El magistrado repasó algunos de los cambios implementados desde su llegada a la presidencia posterior a la pandemia. Subrayó la eliminación del expediente en papel, la modernización de salas de audiencia, la actualización de procesos y la implementación de un sistema informático que permite monitorear en tiempo real el desempeño de los tribunales.
Ese seguimiento, explicó, se traduce en indicadores públicos que permiten conocer datos como el tiempo que demora un juez en dictar una sentencia o en fijar una audiencia. “Estamos por comenzar a publicar esas cifras para que la ciudadanía pueda acceder a información concreta sobre cómo funciona el servicio de justicia”, adelantó.
En relación con el manejo presupuestario, Garay aclaró que, si bien él tiene delegadas algunas competencias, las decisiones de mayor peso corresponden al pleno o a la sala administrativa. Su tarea, especificó, consiste en garantizar la correcta ejecución del presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo y la Legislatura de Mendoza.
“En la administración pública hay un problema frecuente: la subejecución. Yo intento conducir a los equipos para que los recursos lleguen a donde deben llegar”, afirmó. También mencionó obras en curso, como el nuevo polo judicial en Tunuyán, financiado mediante un convenio con fondos del Ejecutivo.
Las presiones políticas
Al ser consultado sobre su pertenencia al radicalismo y su relación con el gobernador Cornejo, Garay rechazó que exista presión política sobre su labor. Señaló que mantiene diálogo institucional con el Ejecutivo y el Legislativo, pero que ello no afecta la independencia de sus decisiones. “Hacer política en la Corte es necesario; lo que no puede haber es política partidaria”, aseguró.
En cuanto a las críticas públicas del mandatario provincial al funcionamiento del Poder Judicial, Garay dijo que su rol no es confrontar, sino revisar hacia adentro si hay aspectos que deban corregirse. “Publicar los números permitirá que la ciudadanía conozca el trabajo de jueces y empleados”, sostuvo. A la vez, recordó que la satisfacción de los usuarios del sistema judicial presenta niveles altos, especialmente en el fuero civil.
El presidente de la Corte reconoció que dentro del tribunal se debaten cuestiones vinculadas a reformas, asignación de recursos, designación de funcionarios y articulación con otros poderes del Estado. “Son discusiones normales en cualquier órgano colegiado que gestiona un servicio público”, indicó.
Sobre su relación con Cornejo, remarcó que no ha sufrido interferencia en su labor jurisdiccional. Relató que sus intercambios recientes con el gobernador estuvieron relacionados con estadísticas de litigiosidad y procesos de reforma. “Cornejo tiene una preocupación permanente por la eficiencia del sistema penal”, comentó.
Finalmente, Garay se refirió a las críticas que señalan un Poder Judicial funcional al Ejecutivo. Aseguró que no le agradan esas lecturas porque afectan la imagen institucional, pero enfatizó que sus decisiones están fundadas en criterios jurídicos. “Si alguien encuentra una sentencia en la que haya actuado condicionado por factores externos, que la muestre. No la van a encontrar”, afirmó.
El magistrado destacó que su función exige moderación y equilibrio: “El gobernador puede decir lo que considere necesario. Nosotros debemos garantizar estabilidad, seguridad jurídica y un servicio de justicia transparente”.