Parte de la suerte del juez federal Walter Bento comenzó a definirse cuando decidió inscribirse para rendir el examen que el Consejo de la Magistratura había programado para cubrir un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal. Incluso para quienes hasta ese momento lo habían bancado en el organismo que controla a los magistrados federales, fue una afrenta. Lo tomaron como una provocación.

De hecho, fue el juez Ricardo Recondo el que advirtió la maniobra y dijo que había una falta flagrante al reglamento y que Bento no podía desconocer su situación procesal (imputado y con procesamiento firme). Resultó llamativo porque, más allá de las diferencias internas políticas que existen entre los magistrados, entre pares suelen actuar con cierta neutralidad en el Consejo, más allá de la evidencia que se maneje. Es una cuestión de códigos entre bueyes. Y Bento quebró, incluso, esa cultura corporativa.

El titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza tuvo una semana dura en cuanto a las pruebas que se incorporaron en el expediente que lo tiene como principal acusado de liderar una banda que se dedicaba al cobro de coimas a cambio de favores judiciales. Primero, la presentación de la tan mentada pericia contable. Luego, la incorporación de un análisis tecnológico de un dispositivo que pertenecía a Diego Aliaga, el ex despachante de aduana asesinado y sindicado como el valijero en la estructura criminal que se investiga. En una cámara oculta se relata, palabras más palabras menos, cómo funcionaba la supuesta gavilla.

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Todos los avances y los puntos en contra de Bento en la causa penal parecían diluirse en el correlato que la investigación debía tener en el Consejo de la Magistratura. Hasta el año pasado, el diputado Pablo Tonelli (instructor en el Consejo) había intentado sin éxito buscar la suspensión de Bento. Cada iniciativa chocaba contra alguna excusa o argumento dilatorio que venía desde el oficialismo, como si el kirchnerismo hubiese querido proteger al juez.

Por omisión o comisión. Algunos apuntaron a la influencia que la jueza María Romilda Servini de Cubría (madrina judicial de Bento) tiene en el Consejo. Otros, a la senadora nacional del Frente de Todos, María Inés Patricia Elizabeth Pilatti Vergara. La chaqueña manejaba los tiempos de la por entonces Comisión de Disciplina y Acusación y su parsimonia jugaba a favor del juez. Hay quienes entienden que intentaba favorecerlo estirando los tiempos, y están los que suponen que, lejos de un interés político, las dilaciones se daban por la poca aprensión al trabajo que la legisladora chaqueña mostró en varias oportunidades.

Esa situación, además, generó resquemores en Mendoza. A tal punto que algunas discusiones entre referentes K en la provincia terminaron con tonos elevados, insultos y acusaciones.

La conformación del nuevo Consejo, con más integrantes y con el desembarco del presidente de la Corte Suprema, modificó la dinámica de trabajo. Horacio Rosatti llegó con la idea de cambiar la imagen, impunidad e inacción que brotaba del organismo. Y encontró en el caso Bento la carta perfecta.

La primera medida fue echarlo del concurso para la Cámara de Casación. La decisión fue unánime. Entre los firmantes también estuvo el juez Alberto Lugones, señalado como amigo personal del Bento. No hizo falta ni que el Consejo sesionara en plenario. Cuando aún los nuevos integrantes no se habían visto las caras, lo resolvieron por WhatsApp. Y nadie dudó en bajarle el pulgar.

A partir de ahí, la grieta comenzó a cerrarse. En el Consejo entienden que la puja de fuerzas políticas es tan pareja que no queda otra que negociar. En ese juego de reparto de votaciones para un lado y para el otro y favores cruzados, todos parecen estar dispuestos a levantar la mano en contra del juez federal. O al menos eso entendieron los mendocinos que se reunieron hace unas cuantas semanas con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas De Zamora e integrante del Consejo; un hombre muy vinculado con el peronismo bonaerense.

De ahí, la posibilidad de que el tratamiento de su suspensión y posterior pedido de juicio político pueda precipitarse en las primeras semanas luego de la feria judicial y termine de decantar en septiembre.

Para esa época, es probable que tanto el fiscal Dante Vega como el juez Eduardo Puigdéngolas acuerden ponerle un punto final a la instrucción y elevar la causa a juicio. Más allá de que sigan apareciendo casos y testigos, todo gira en torno a la misma trama. Sí está claro que, antes de tomar la decisión, prefieren esperar la información financiera pendiente desde Estados Unidos sobre los destinos y los gastos hechos por la familia Bento en las numerosas veces que viajaron en los últimos años. De todos modos, los datos preliminares de la pericia contable realizada en el país lo dejaron en una situación difícil de explicar.

Cuando la causa llegue a la instancia del debate oral, la historia pasará por dos cuestiones clave.

Primero, determinar quién juzgará a Bento. De los seis jueces que tienen los dos tribunales orales federales en Mendoza, hay cinco que no están en condiciones por diferentes motivos: Héctor Cortés ha tenido un enfrentamiento público con Bento; fue hace varios años, pero enfrentamiento al fin. Pablo Salinas lo denunció alguna vez en el Consejo cuando Bento esquivaba investigar las causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Alberto Carelli fue secretario suyo; por lo tanto, esa cercanía lo deja afuera. Con Roberto Naciff hay una conocida amistad. Con Alejandro Piña, la simpatía viene por el lado del ingreso de los hijos a la Justicia Federal.

Segundo, saber qué tan avanzado estará el caso en el Consejo. Porque, con procesamientos firmes y prisiones preventivas y órdenes de captura vigentes, lo único que hoy separa a Walter Bento de las rejas son sus fueros.