Algunos gremios aseguraron que la publicación del censo de los empleados públicos es una maniobra del Gobierno para desprestigiarlos, no abrir paritarias y no pagar el bono de fin de año. Sospechan que lo utilizarán para hacerlos cargo de la crisis económica y así realizar ajustes en diferentes áreas.

Según la publicación, la planta de personal del Estado mendocino es de 81.746 (79.994 hasta diciembre del 2013) empleados (incluidos los contratados) y aclara que 78,8% se distribuye en las áreas de educación, seguridad y salud. Según los sindicalistas de estos sectores, la intención “oculta” del oficialismo es realizar ajustes y hacerles pagar a los trabajadores la crisis económica.

“Siento que me toman de boluda con este trabajo. Han censado a la gente que trabaja y de la cual ellos tienen un registro mensual con el pago de los haberes. ¿Por qué no censan los cargos políticos fuera de nivel? Lo que queremos saber es cuántos asesores hay, cuántos asesores de asesores y que terminan siendo los que más cobran”, dijo furiosa Raquel Blas, secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE).

Según Blas, este censo es una tomada de pelo que el gobernador Francisco Paco Pérez les hace a los trabajadores y a la comunidad en general, ya que no ha hecho “ni más ni menos que cumplir con una obligación que está legitimada por ley”. En este sentido, Isabel del Pópolo, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) coincidió y detalló que la Ley de Presupuesto 8.701 en su artículo 105 hace obligatoria la publicación de la planta estatal y de los haberes que percibe cada integrante.
“Este censo es para justificar lo injustificable: la no reapertura de paritarias, la falta de gestión y el no querer dar un bono de fin de año”, manifestó Del Pópolo, quien agregó: “Al revelar estos datos tienen un clara intención de poner a la población en nuestra contra”.

Asimismo, los gremialistas insistieron que esta no es la forma de detectar ñoquis, ya que los censados no son “ni más ni menos los que trabajan”. “Aquí tampoco se tuvo en cuenta a los trabajadores que el Gobierno tiene en negro, no censaron a todos los contratados, varios de nuestros compañeros ni fueron tenidos en cuenta”, denunciaron tanto Blas como Del Pópolo.

Según Sebastián Henríquez, secretario gremial de la seccional de Godoy Cruz del SUTE por la Agrupación Marrón, la intención de Pérez es mostrar que él ha sido quien menos personal ingresó al Estado y quien mantiene más trabajadores en la educación. “Lo que hay que comparar son las necesidades de la población con la cantidad de escuelas que hay y cuántos docentes frente al aula están faltando”, aseveró Henríquez, quien agregó: “Esto va a ser un elemento que van a usar para sacar gente. Es sospechoso que justamente se dé a conocer cuando están planteando cambios de currículas y reducción de horas especiales”.

¿Qué dice la oposición?

Para Héctor Fresina, diputado provincial del partido Obrero, tanto el Gobierno como el radicalismo impulsan un ajuste contra los trabajadores estatales. “Si en el estado hay ñoquis, tienen que hacerse cargo quienes los incluyeron ya que es escandalosa la cantidad de  gente que está con cargo fuera de nivel y que no ingresaron en este censo. Es hora de que se aplique el  ingreso por concurso”, dijo el funcionario del Fit y expuso que “lo que están escondiendo con esto es una clara intención de ajustar y hacerle pagar la crisis económica de la provincia a los trabajadores. Y es lo que no estamos dispuestos a permitir”.

Para el radicalismo los números que este documento Censo del Trabajador Público –se puede ver online ingresando a www.trabajadorpublico.mendoza.gov.ar- han sido manipulados y difieren  en miles de personas según algunas solicitadas publicadas, el año pasado, en medios impresos que hablaban de una planta de 88 mil empleados.

“Si nos basamos en las retenciones que Osep le hace a los empleados, sin tener en cuenta los familiares, hay 116 mil socios directos. Hay números que no quieren mostrar y por algo no fueron censados los trabajadores de Osep, el IPV y ATM”, contó el diputado radical Martín Kernchner y afirmó que de 25 mil empleados que ingresaron en gestión justicialista solamente se le dio el alta a 1.400 policías con lo cual apuntó a los problemas de inseguridad que viene teniendo la provincia.

Según el informe, en el período 2012-2014 la planta sólo aumentó en 4%, muy por debajo de los períodos 1999-2003, con un 7%; 2003-2007, con un 29%; y 2008-2011, con un 16%. Así es como deja en evidencia que la gestión de Julio Cleto Cobos fue la que mayor personal incorporó.

Al respecto, Kerchner  justificó esto argumentando que  durante el gobierno de Cleto se gastaba un 45% en personal y un 14% en obras públicas mientras que en la actualidad la primera cifra creció hasta un 63% y la segunda descendió a un 4%. Además, precisó que en 2007 el 35% del personal de Salud realizaba tareas administrativas, hoy esa cifra llegó al 46%.