La sala compuesta por los supremos, María Teresa Day, Dalmiro Garay y José Valerio, decidió dejar sin efecto una resolución que permitía a los internos utilizar teléfonos en las cárceles. La medida había sido presentada por el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, quien solicitaba la utilización de los dispositivos electrónicos hasta diciembre de 2025.

Si bien la sala ya había tomado la decisión de prohibir el uso de teléfonos en las unidades carcelarias, la discusión se centró en la resolución presentada por Sarmiento. El pedido buscaba que el inciso del punto 4 del documento garantizara, al menos, un dispositivo móvil por pabellón.

“En los sectores de alojamiento donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de telefonía pública, en los términos del artículo 2° de la resolución 1122/98 (Reglamento de Telefonía Pública), se deberá garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala o sector de cada establecimiento carcelario”, expresó la resolución presentada por Sarmiento.

La solicitud de Sarmiento provocó que los miembros de la sala que llevaron adelante la audiencia votaran de manera dividida. El único que decidió apoyar la resolución fue el propio Valerio, mientras que Day y Garay votaron en contra.

“Vamos a retirar los teléfonos en blanco y los que están en negro, ¿qué pasa? Es un tema complejo porque de los 6.000 internos, no todos tienen teléfonos, ni tampoco son iguales. Hay que afrontar los problemas con racionalidad. Las soluciones deben basarse en información fehaciente”, precisó Valerio.

Durante su entrevista en el programa “Opinión” de LVDiez, el supremo dio su opinión personal sobre la medida tomada por la sala y reconoció que “estamos en el siglo XXI, donde los celulares pueden ser una herramienta para estimular las buenas conductas de los internos”.

Valerio ve con buenos ojos que los internos puedan utilizar celulares y que su uso esté dentro de un marco regulatorio. En la misma línea, remarcó que “dependiendo de la gravedad del delito”, las personas privadas de libertad pueden gozar o no de este beneficio.

“Hay que medir y tener racionalidad con las decisiones o posturas que vamos a tomar. Hay casos que deben reglamentarse y actualizarse; no se puede aplicar la misma medida para todos los internos”, afirmó el juez.

Por último, el supremo agregó que el último dato que tuvieron los miembros de la sala es que en todos los complejos penitenciarios de la provincia había 4.000 teléfonos registrados.

“No puedo decir cuántos hay en negro. Como juez, me baso en lo que dice la ley, que manifiesta que los internos no deben tener teléfonos en las cárceles. Ese fue mi descargo. Para estos temas necesitamos soluciones concretas, no parches. A partir de ahora, se tiene que instrumentar”, concluyó Valerio.