La diputada provincial Griselda Petri (UCR) presentó un proyecto de ley que busca regular y restringir el uso de dispositivos celulares en las instituciones educativas de todo el territorio provincial, tanto de gestión pública como privada. La iniciativa de la legisladora -hermana del diputado nacional Luis Petri-apunta a dar respuesta a una problemática que genera alarma debido al impacto negativo en los niveles de atención y el incremento de conflictos virtuales entre los menores, según indica el escrito, que también incluye a los docentes en su aplicación.
La propuesta nace de “una preocupación creciendo en colegios públicos y privados sobre el impacto de los mismos en la concentración de estudiantes y en fenómenos como el ciberacoso y los consumos problemáticos como la adicción a redes”.
El diseño del proyecto de ley establece una diferenciación clara según el nivel educativo de los alumnos. En el Nivel Inicial y Primario la restricción planteada es prácticamente total durante toda la extensión de la jornada escolar. Las únicas excepciones contempladas son para estudiantes con discapacidad que requieran el teléfono como herramienta de accesibilidad, situaciones de emergencia médica que demanden contacto familiar, o bien cuando el docente disponga su uso bajo supervisión como parte de una propuesta pedagógica específica.
En el Nivel Secundario el bloqueo del uso rige de manera estricta durante las horas de dictado de clases, quedando que se exceptúen las actividades que tengan un propósito pedagógico explícito. Fuera del aula (como en los recreos), cada colegio tendrá la discrecionalidad para fijar sus propias normas de convivencia.
En cuanto al régimen de sanciones para quienes incumplan la norma, la iniciativa no prevé castigos extraordinarios, sino que se acopla a las disposiciones ya vigentes en la Ley Provincial Nº 7.861, la cual establece un esquema disciplinario institucional gradual orientado a restaurar el orden del aprendizaje colectivo.
“No se trata de demonizar la tecnología. Los celulares son herramientas importantes”, aclaró Griselda Petri, quien argumentó que su presencia desordenada genera distracción y alimenta conductas adictivas en edades críticas. “La escuela tiene que ser un espacio capaz de proteger la atención, la conversación, el pensamiento crítico y los vínculos interpersonales; promoviendo la educación responsable acerca del uso de dispositivos tecnológicos”, sumó la diputada, señalando que la medida planteada se alinea con restricciones similares adoptadas con éxito en los últimos tres años en países europeos, estados norteamericanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias.
En lo que respecta a los docentes, el proyecto de ley establece que “durante el dictado de clases, dentro y/o fuera del aula, el personal docente tanto del nivel inicial, primario y secundario deberán mantener apagado su dispositivo móvil hasta la finalización de dicho período salvo en situaciones de emergencia o cuando sea utilizado para actividades pedagógicas”.
La postura de la DGE: educar antes que prohibir y el rol de la equidad
Ante la consulta de El Sol, desde la Dirección General de Escuelas (DGE), el organismo conducido por Tadeo García Zalazar, mantuvieron una postura cauta y marcaron ciertos matices respecto al espíritu de prohibición del proyecto de ley. Aseguraron que “el desafío educativo no pasa simplemente por prohibir o permitir dispositivos, sino por definir criterios claros para su uso dentro de la escuela”.
Para la conducción de la DGE “una cosa es el uso recreativo o distractivo durante una clase y otra muy distinta es el uso pedagógico de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Hoy nuestros estudiantes necesitan aprender a convivir con la tecnología y utilizarla de manera responsable, crítica y productiva”. En ese sentido, recordaron que la provincia ya viene trabajando con guías orientativas para docentes y familias para ordenar su utilización mediante acuerdos institucionales.
Asimismo, desde el Gobierno escolar aportaron un dato técnico y social clave que condiciona el debate: la brecha de conectividad. Si bien la inversión en infraestructura tecnológica ha sido muy importante en Mendoza, las autoridades detallaron que actualmente alcanza al 30% de los establecimientos educativos. “Hasta no llegar al 100%, los dispositivos son un elemento igualador desde lo pedagógico, sobre todo en las escuelas públicas de la provincia”, advirtieron desde la DGE.
Si bien desde la dependencia de García Zalazar habilitaron el análisis de la propuesta legislativa de Petri , ratificaron su postura: “Nuestra posición ha sido consistente. El objetivo no debe ser eliminar la tecnología de la escuela, sino enseñar a utilizarla de manera responsable, crítica y productiva”.